Por Lee Chyen Yee y Sarah White
HONG KONG/MADRID (Reuters) - El Banco Industrial y Comercial de China (OTC:IDCBY) (ICBC (HK:1398)) expresó el jueves su desacuerdo con la decisión judicial de las autoridades españolas de no permitir la libertad bajo fianza de tres de sus seis empleados y apelará para su liberación inmediata.
Las autoridades españolas detuvieron la semana pasada a seis empleados del banco en el marco de una investigación sobre un presunto sistema de blanqueo de capitales a través de la filial española del ICBC.
Hasta ahora, el banco chino se había limitado simplemente a señalar que cooperaba con las autoridades españolas en el marco de esta investigación.
La investigación de las autoridades españolas se desencadenó siguiendo el rastro de las operaciones financieras destapadas en 2015 por la Guardia Civil, cuando desmanteló una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de impuestos en la "operación Snake".
Según las autoridades españolas, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC se introducían fondos en el circuito financiero cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores.
Tres de los seis detenidos inicialmente ya salieron de prisión tras pagar una fianza de 100.000 euros.
La justicia española puede decretar prisión incondicional sin fianza si considera que hay riesgo de fuga o si ve indicios de posible destrucción de pruebas.
ICBC dijo que uno de los detenidos fue el ex presidente de la filial española de ICBC, que había sido transferido a Luxemburgo y había vuelto a España el 17 de febrero cuando comenzó la operación policial.
"Si realmente quisiera fugarse, no habría viajado desde un país fuera de la jurisdicción española (...) para volver a Madrid", dijo ICBC, que añadió que una de las empleadas todavía en prisión estaba enferma.
Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no quiso hacer comentarios.
Una fuente de la investigación dijo que ICBC podría interponer un recurso contra la decisión judicial.
El Ministerio de Exteriores tampoco quiso hacer comentarios.
No es la primera vez que las investigaciones de las autoridades españolas han provocado la tensión entre los dos países.
En 2014, las autoridades chinas expresaron cierto enfado cuando un juez decretó órdenes de prisión contra varios ex altos funcionarios chinos tras la presentación de una demanda por parte de un monje chino que acusó a los ex dirigentes de genocidio, tortura y crímenes de lesa humanidad.
Fue uno de varios casos liderados por jueces españoles en aplicación de la jurisdicción universal, que se basa en el principio de que los crímenes de lesa humanidad, tortura y genocidio pueden ser perseguidas de forma transfronteriza.
La Audiencia Nacional abandonó posteriormente este caso después de que el Gobierno introdujera ciertos cambios legislativos, que limitaron la actuación de la investigación judicial a delitos cometidos en España o por españoles.