Madrid, 1 jul (.).- El Banco de España recomienda incrementar la eficacia del sistema judicial español y reducir las "elevadas tasas de congestión" que arrastra la vía civil, con el objetivo de potenciar la inversión y mejorar la seguridad jurídica en la contratación entre empresas privadas.
Según el artículo analítico "El impacto de la eficacia de la Justicia en la inversión empresarial en España", conocido este jueves, se trata de un aspecto clave para frenar el "impacto negativo y significativo" que el colapso de estos juzgados causa en el tejido productivo del país.
El texto advierte de que "un sistema judicial que no ofrezca las suficientes garantías o que no opere con la diligencia adecuada cuando alguna de las partes se sienta perjudicada supondrá un freno a la inversión empresarial y, por extensión, al crecimiento de la productividad y del producto del conjunto de la economía".
En el caso español, el sistema judicial "presenta, en general, algunas deficiencias en comparación con los de otras economías de nuestro entorno".
Especialmente preocupante es el tiempo de resolución de los asuntos en primera instancia, el cual "se encuentra por encima de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)".
El documento, que maneja información de una muestra amplia de empresas españolas entre 2002 y 2016, repasa la tasa de congestión civil a nivel nacional y detecta "un claro repunte" coincidiendo con los años de la crisis financiera global (2008-2009).
Respecto a la economía española, apunta, el atasco de estas sedes judiciales, que velan por el cumplimiento de contratos privados, como los suscritos entre empresas o ciudadanos, se produjo a la par que "el brusco ajuste de los desequilibrios que se habían acumulado durante años en el sector exterior y en el sector inmobiliario".
Esta variable cambia en función de la provincia, y es que son aquellas que concentran el grueso de la población "las que tienden a presentar un peor comportamiento relativo".
A raíz de cruzar los datos de inversión empresarial y de asuntos judiciales pendientes de resolver, el técnico del organismo sostiene que un aumento de una unidad en la tasa de congestión provoca una caída de la inversión equivalente a un punto porcentual.
Y propone un ejemplo: en 2010, Alicante era una de las provincias con mayor nivel de congestión judicial, (con 220 casos no resueltos por cada 100 resueltos), mientras que Álava presentaba uno de los niveles más bajos, (140 casos no resueltos por cada 100 resueltos).
De acuerdo con su conclusión, si Alicante hubiera tenido la eficacia judicial de Álava, su ratio de inversión empresarial habría sido 0,8 puntos porcentuales superior.
Por todo ello, el autor ve conveniente que se incremente la eficacia del sistema judicial español, reduciendo sus elevadas tasas de congestión, para elevar el nivel de inversión privada en España, "motor fundamental del crecimiento económico a medio y largo plazo".