Madrid, 28 abr (.).- La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha planteado en el seno del Gobierno ampliar las ayudas para pagar el recibo de la luz de forma que 1,6 nuevos millones de hogares se beneficien de un descuento del 40 % en su factura, además de prohibir las cláusulas de permanencia con las eléctricas.
Así lo ha informado este jueves el Ministerio, que trabajará por que la bajada del precio de la luz "sea a costa de los beneficios millonarios" de las compañías del sector.
Entre las medidas que propone la ministra y secretaria general de Podemos se encuentra la de crear una nueva categoría de perceptor del bono social con un descuento del 40 % en el recibo de la luz, un beneficio temporal -se alargaría hasta el 31 de octubre de 2022- que, según sus cálculos, llegaría a 1,6 millones de hogares más.
El Gobierno ya aprobó hace un mes un plan nacional de respuesta ante las consecuencias económicas y sociales de la situación en Ucrania que se vota hoy en el Congreso y que incluye la prórroga de la rebaja fiscal sobre los impuestos que gravan el recibo de la luz hasta el próximo 30 de junio, y la ampliación del bono social eléctrico hasta alcanzar los 1,9 millones de hogares beneficiarios (unos 900.000 más de los que existían hasta entonces).
Belarra también aboga por prorrogar hasta el 30 de septiembre las rebajas ya vigentes para los consumidores "vulnerables" y los "vulnerables severos".
Asimismo, apuesta por prohibir las cláusulas de permanencia en todos los contratos en vigor con las eléctricas "ante su amenaza de repercutir a los clientes en el mercado libre la medida que va a adoptar el Gobierno", en alusión a la posibilidad de que las empresas aumenten sus tarifas a estos consumidores para compensar el coste de tener que asumir el tope de 50 euros por megavatio y hora para el gas.
Ese límite -autorizado por Bruselas a petición de España y Portugal y con carácter temporal- permitirá según el Ejecutivo bajar el importe de la factura, ya que el precio mayorista de la electricidad está muy influenciado por el del gas, que ahora pasará a estar topado.
No obstante, la medida beneficiará al 40 % de los consumidores domésticos -aquellos que tienen tarifar regulada- y hasta al 80 % de los consumidores industriales de electricidad, cuyas facturas están vinculadas al mercado mayorista de la electricidad, por lo que se quedarán fuera los clientes del mercado libre.
La propuesta de Belarra de prohibir las cláusulas de permanencia en los contratos "garantizaría la movilidad y libertad de los consumidores para pasar al mercado regulado" si finalmente suben los precios en el libre, según el Ministerio, que ha mostrado su satisfacción por el visto bueno de Bruselas a topar el gas.