La Paz, 4 abr (EFE).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó hoy la Ley de Promoción de Inversiones que ofrece incentivos a las empresas y establece que las controversias con los inversores se deben resolver solo en los tribunales bolivianos.
La normativa fue trabajada durante dos años en consultas con el sector privado y en el último tiempo motivó reuniones entre parlamentarios bolivianos y la Unión Europea, que pidió varias veces poner en vigor las reglas de juego para los inversores extranjeros.
En su discurso, Morales dijo que la nueva ley no es sólo un instrumento para dar seguridad jurídica a las empresas para que obtengan ganancias con sus inversiones, sino sobre todo para proteger la vida y generar el desarrollo de los bolivianos.
Según el mandatario, en adelante habrá incentivos estatales para empresas con proyectos en sectores productivos y estratégicos y en el desarrollo equilibrado de las regiones del país.
Además, enfatizó que antes las controversias entre inversores y el Estado se resolvían en tribunales internacionales, pero a partir de esta norma los problemas deben solucionarse en cortes nacionales.
"Esta es otra forma de liberarnos", apuntó al señalar que si un empresario boliviano invierte en Francia, EE.UU., Inglaterra u Holanda esos países también impondrían sus juzgados ante las controversias.
El gobernante también destacó que Bolivia espera un aumento de las inversiones privadas nacionales y extranjeras y rechazó que la nacionalización de varias empresas que ha decretado desde que llegó al poder en 2006 haya impedido la llegada de nuevos capitales.
Mencionó como ejemplo que el mejor año de inversiones extranjeras durante la época de la privatización fue en 1998 cuando se registró 1.024 millones de dólares y que en 2005, un año antes de que él asumiera la Presidencia, hubo una desinversión de 221 millones.
En cambio, en 2013 el país recibió una inversión extranjera de 1.750 millones de dólares y del Estado 3.800 millones, dijo.
La ministra de Planificación, Viviana Caro, destacó que la "norma es el resultado de un importante proceso de discusión y de consenso" con los privados y recoge aportes del cuerpo diplomático, pero "mantiene el espíritu" de la Constitución promulgada en 2009.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, subrayó que hace tres años el jefe de Estado ofreció una ley de inversiones y apertura a los empresarios para discutirla y cumplió su palabra.
Sin embargo, reconoció que, pese a los esfuerzos realizados por el sector privado y el Gobierno, "no se han logrado tal vez todos los consensos necesarios, pero sí se han logrado grandes acuerdos, muchísimos acuerdos" plasmados en la norma promulgada.
La nueva ley "da especial importancia a las grandes obras" que se plantea Bolivia "incentivando la inversión de capitales asociados con el Estado boliviano", agregó.
Sánchez apuntó que esta norma debe complementarse "en un plazo muy corto con una nueva ley de Conciliación y Arbitraje que sea justa y equitativa, así como cambios en la normativa tributaria que acompañen el espíritu de la ley para dar certidumbre a los nuevos emprendimientos que se desarrollen" en el país.
Desde la vigencia de la nueva Constitución en 2009, Bolivia avanza en la adecuación de sus leyes al nuevo escenario constitucional, pero aún restan varias normas clave, como la de hidrocarburos, que deben ser adaptadas a la Carta Magna.