San Juan, 5 abr (EFE).- Un grupo de bonistas titulares de obligaciones generales de Puerto Rico acusó hoy al gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, de no querer alcanzar un acuerdo para reestructurar la deuda y, por contra, preferir una declaración de moratoria unilateral en los pagos.
Para estos bonistas, agrupados en el conocido como Grupo Ad Hoc, no es casual que el Gobierno de la isla haya hecho todo lo posible por aprobar una Ley de Emergencia Fiscal en las últimas horas, lo que ha llevado incluso a que las negociaciones se prolongaran durante la pasada madrugada y durante todo este martes.
"No es casualidad que el gobernador haya buscado la adopción, bruscamente y de madrugada, de la legislación para la moratoria de la deuda en el mismo momento en que los grandes tenedores de bonos de obligaciones generales llegaban a la isla para buscar un acuerdo de reestructuración consensuado con los líderes políticos de Puerto Rico, con la excepción del gobernador", dijo su portavoz, Andy Rosenberg.
En unas declaraciones escritas, este asesor del Grupo Ad Hoc de bonistas de obligaciones generales de Puerto Rico (instrumentos de deuda soberana de la isla cuyo cobro está garantizado por la Constitución de la isla) afirma que "el gobernador ha pasado los últimos nueve meses rechazando todas las propuestas" que le han presentado.
Añade que su propuesta "daría liquidez adicional a Puerto Rico mediante, entre otras cosas, el aplazamiento de pagos importantes de capital", al tiempo que "evitaría un 'default' (impago) de la deuda constitucional para el 1 de julio".
Esta crítica por parte de los bonistas surge después de que la pasada madrugada el Senado de Puerto Rico aprobara un proyecto de Ley que permite al gobernador de la isla declarar una emergencia fiscal y una moratoria en el pago de la deuda, incluida la que está garantizada por la Constitución local.
La llamada Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera está siendo estudiada hoy por la Cámara de Representantes, con el ánimo de que el gobernador la pueda firmar cuanto antes.
Según se explica en su texto, esta medida antepone la continuidad de las operaciones del Gobierno y la prestación de los servicios esenciales a los ciudadanos, por delante del pago de las obligaciones derivadas de la deuda de más de 72.000 millones de dólares que asfixia a la Administración puertorriqueña.
La idea es que la ley permita al gobernador decretar el aplazamiento en el pago de todos los instrumentos de deuda de todas las instancias públicas, incluidos los 422 millones de dólares que el próximo 1 de mayo deberá abonar el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Ejecutivo, que ha caído en la insolvencia.
La situación del BGF es tan comprometida que esta ley que debate el Legislativo abre también la vía legal para liquidar el banco a través de un proceso judicial, y crear un "banco puente"
Es previsible que la aprobación de esta ley desate la presentación de nuevas demandas, que se sumaría a la ya presentada el lunes por un grupo de fondos de inversión que tienen 3.750 millones de dólares en deuda del BGF y que han pedido la intervención judicial de esa entidad, que dice tener una liquidez inferior a los 600 millones de dólares.
Esta intención de declarar una moratoria general sobre la deuda y los intereses parece materializarse a falta de un mes para que el BGF tenga que pagar 422 millones y de dos meses para que tenga que abonar otros 780 millones y de tres meses para que acabe el actual ejercicio fiscal.