Carlos Meneses
Sao Paulo (Brail), 19 nov (.).- El Gobierno de Brasil concedió este viernes una importante terminal de combustibles del puerto del Santos, de las dos que tenía previsto inicialmente, en una subasta sin disputa que ganó la petrolera estatal Petrobras (NYSE:PBR) por 558,2 millones de reales (100,2 millones de reales).
Petrobras, controlada por el Estado brasileño pero con acciones cotizadas en Nueva York, Sao Paulo y Madrid, fue la única compañía que presentó una oferta por la terminal STS08A del puerto de Santos, el de mayor movimiento de Latinoamérica.
La petrolera, que ya operaba el local a través de una subsidiaria, se adjudicó la concesión por otros 25 años, periodo durante el cual se comprometió a realizar inversiones por un valor de 792 millones de reales (unos 145 millones de dólares) en obras de mejora.
UN VALOR SUPERIOR AL ESPERADO
El importe que desembolsó la estatal superó las expectativas del mercado financiero para un área portuaria estratégica que tiene unos 300.000 metros cuadrados y sirve para el almacenamiento y la distribución de combustibles.
La gerente ejecutiva de Petrobras, Andrea Damiani, justificó el valor pagado porque, dijo, "sin esa infraestructura" la producción de la petrolera en el estado de Sao Paulo "podría verse comprometida".
Sin embargo, al profesor Marcus Quintella, director de la Fundación Getulio Vargas (FGV) Transportes, no le convenció esa explicación, pues "todo el mundo", incluido el mercado, anticipó que "Petrobras competiría sola", por lo que podría haber ofrecido un valor sustancialmente más bajo, dijo a Efe.
La subasta se celebró en la bolsa de Sao Paulo, donde acudió el ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas, quien dijo estar "extremadamente feliz con el resultado".
UNA TERMINAL DESIERTA
El Gobierno de Jair Bolsonaro, que había anunciado el concurso como el mayor del sector de los últimos 20 años, pretendía colocar otra terminal de combustibles (STS08) del puerto de Santos, situado en el litoral del estado de Sao Paulo, pero no hubo ofertas por ella.
Esas instalaciones también eran operadas por Transpetro, filial de Petrobras, y serán de nuevo subastadas en el futuro, según las autoridades brasileñas, que descartaron que la falta de competidores en la subasta se deba a "cualquier tipo de ruido" político.
Este viernes también se concedió un área del puerto de Imbituba, en el sureño estado de Santa Catarina y con una superficie de 7.455 metros cuadrados, a la empresa Fertilizantes Santa Catarina, única ofertante y que ganó la concesión por 200.000 reales (36.000 dólares).
Gomes de Freitas señaló que el programa de arrendamiento portuario del Gobierno es un "gran éxito" y "está transformando el sector" en el país.
"Desde 2019 hemos realizado 33 arrendamientos portuarios, lo que significa que estamos llegando a 4.000 millones de reales (720 millones de dólares) en inversiones contratadas", explicó.
PRÓXIMOS PASOS
El ministro señaló que el próximo paso será privatizar, no terminal por terminal, sino las empresas que administran los puertos del país, entre ellos el de Santos.
Recordó también que el próximo año, el último del mandato de Bolsonaro, está prevista la transferencia a la iniciativa privada de otros "16 aeropuertos" y de "más de 12.000 kilómetros de carreteras".
Asimismo, se mostró optimista con la privatización del grupo eléctrico Eletrobras, prevista para el primer semestre de 2022, aunque el presidente de la compañía, Rodrigo Limp, admitió recientemente que las elecciones de octubre de ese año podrían alterar ese cronograma.
La subasta de este viernes se inserta en el vasto programa de privatizaciones y concesiones de infraestructura pública que impulsa el Gobierno del presidente Bolsonaro desde que asumió el poder, en enero de 2019.
Con los recursos obtenidos, el Ejecutivo pretende reducir el abultado y crónico déficit fiscal del país y disminuir el tamaño del Estado brasileño, en la línea con su hoy cuestionada visión liberal de la economía.
El mercado financiero vive una crisis de confianza con la Administración Bolsonaro después de una serie de maniobras fiscales con las que pretende elevar el techo de gasto y aplazar el pago de una parte de las deudas judiciales del Estado.
Esas medidas, que aún tienen que ser aprobadas por el Congreso, buscan abrir espacio en los presupuestos para incrementar el gasto social a través de subsidios a los más pobres en 2022, año en el que Bolsonaro aspirará a la reelección.