Por Byron Kaye y Swati Pandey
SÍDNEY (Reuters) - Broadspectrum Ltd (AX:BRS) instó el jueves a sus accionistas a rechazar una oferta por 692 millones de dólares australianos (unos 490 millones de euros) presentada por la española Ferrovial (MC:FER).
Broadspectrum planteó seis razones para su recomendación, calificando la oferta de oportunista, condicional y diciendo que infravaloraba de forma significativa sus acciones. También indicó que estaba en una posición financiera más estable ahora que en diciembre de 2014 cuando Ferrovial realizó su primera oferta de adquisición por 1.000 millones de dólares australianos.
"Vuestro consejo ha considerado cuidadosamente la oferta para valorar si favorece los intereses de los accionistas de Broadspectrum y unánimemente ha recomendado que rechacéis la oferta", dijo Broadspectrum a los accionistas.
"Las acciones de Broadspectrum valen mucho más de lo que ofrece Ferrovial. Este es el punto de vista unánime de vuestros directivos y está apoyado por el experto independiente que ha concluido que la oferta no es justa y no es razonable".
La empresa, que cotiza en Sidney, anteriormente conocida como Transfield Services, gestiona campos de detención en la isla nación de Nauru y en la isla de Manus, en Papua Nueva Guinea.
Ferrovial ha ofrecido 1,35 dólares australianos por cada acción de Broadspectrum pero la empresa dice que el asesor independiente Ernst & Young las ha valorado entre 1,71 y 1,98 dólares australianos.
Las acciones de Broadspectrum cerraron a 1,255 dólares australianos el miércoles y fluctuaron entre 0,825 y 1,795 dólares australianos el año pasado.
Ferrovial confirmó el miércoles su oferta por Broadspectrum, diciendo que la oferta era más atractiva en el actual entorno.
La oferta está muy por debajo de los 1.000 millones de dólares australianos que ofreció hace un año y que el operador de campos de detención rechazó al considerarla muy baja.
Desde esa oferta, la capitalización bursátil de la empresa ha bajado en medio de críticas de grupos de derechos humanos que alegaban que los centros de detención se estaban usando para retener a solicitantes de asilo y acusaciones de abusos físicos y sexuales en los campos.