Bruselas, 5 may (.).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles una regulación con la que pretende controlar a las empresas extranjeras activas en la Unión Europea (UE) que reciban ayudas públicas de sus gobiernos, con el objetivo de hacer frente a las distorsiones y la falta de igualdad que esas subvenciones provocan en el mercado único.
Así, la iniciativa dará poder a la CE para investigar las ayudas financieras concedidas por las autoridades públicas de países no pertenecientes a la UE que beneficien a compañías extranjeras con actividad en el territorio comunitario y reparar sus efectos distorsionadores.
Cuando la iniciativa entre en vigor, las empresas deberán notificar a Bruselas las fusiones que afecten a una firma que haya recibido subsidios de un Gobierno no perteneciente a la Unión por valor de al menos 50 millones de euros y en las que la facturación en los Veintisiete de la empresa que se vaya a adquirir sea de 500 millones de euros o más.
Se deberá informar también a la Comisión de las candidaturas en procedimientos de contratación pública que impliquen a empresas extranjeras subsidiadas cuando el valor del contrato de la licitación sea igual o superior a 250 millones de euros.
En esos dos casos, el comprador o licitador tendrá que notificar a Bruselas antes de concluir la compra o el concurso público cualquier contribución financiera recibida del Gobierno de un país tercero en relación con las concentraciones u ofertas de contratación pública que alcancen los umbrales establecidos.
Tras la notificación, la Comisión realizará su propio análisis y la fusión o el concurso público no podrá finalizarse hasta que Bruselas haya finalizado su examen.
En esos casos se establecen plazos vinculantes para la decisión final de la Comisión. Para las fusiones, Bruselas tendrá 25 días laborables para realizar un análisis preliminar y 90 para la investigación en profundidad, mientras que para los concursos públicos los plazos serán de 60 y 200 días respectivamente.
Si la compañía no cumple con las obligaciones de notificación a Bruselas, la CE podrá imponer multas y revisar la transacción como si se le hubiera comunicado.
La regulación incluye una tercera herramienta con la que el Ejecutivo comunitario podrá investigar por su propia iniciativa cualquier otra situación en el mercado o fusiones y concursos públicos de menor valor si sospecha que implican subsidios extranjeros y percibe un riesgo de distorsión en el mercado único. Tendrá también la opción de solicitar que se notifiquen casos concretos.
La Comisión en exclusiva se encargará de la aplicación del reglamento para garantizar su aplicación "uniforme" en toda la UE, constató Bruselas en un comunicado.
Cuando la Comisión concluya que existe una subvención extranjera y que genera distorsiones, considerará "cuando esté justificado" los posibles efectos positivos y los comparará con las consecuencias negativas.
Si los efectos negativos superan a los positivos, Bruselas podrá imponer medidas correctoras o aceptar compromisos de las empresas afectadas para solucionar el desequilibrio.
El reglamento considera una serie de medidas correctoras estructurales o de conducta, tales como la venta de determinados activos o la prohibición de determinados comportamientos en el mercado.
En el caso de las operaciones notificadas, la Comisión tendrá también la facultad de prohibir la adquisición subvencionada o la adjudicación de la licitación pública al licitador subvencionado.
La CE destacó que en la actualidad los subsidios que conceden los gobiernos no pertenecientes al club comunitario apenas se supervisan, mientras que los otorgados por los Veintisiete se someten a un "escrutinio minucioso".
Sin embargo, recalcó que esas ayudas públicas "ofrecen a sus beneficiarios una ventaja desleal a la hora de adquirir empresas, participar en la contratación pública o dedicarse a otras actividades comerciales en la UE".
Esas subvenciones pueden adoptar diferentes formas, como préstamos sin intereses y otros tipos de financiación inferiores a los costes, garantías estatales ilimitadas, acuerdos de exención de impuestos o subvenciones directas, detalló Bruselas.
"Queremos que cada empresa que opere en Europa, con independencia de donde proceda, respete nuestras normas y una de las reglas más antiguas que tenemos es que no permitimos subsidios que dañen la competencia justa", declaró la vicepresidenta de la CE encargada de Competencia, Margrethe Vestager, durante la rueda de prensa para presentar la propuesta.
Recordó que en 2019 la inversión extranjera directa en la UE superó 7 billones de euros, un cuarto del total en todo el mundo.
La Eurocámara y los Estados miembros, colegisladores de la UE, debatirán ahora la propuesta de la Comisión con vistas a acordar la versión final de la regulación.
Una vez adoptada, se aplicará de manera directa en toda la Unión Europea.
La Comisión actualizó también este miércoles su estrategia industrial presentada hace un año, tras las lecciones aprendidas de la crisis de la Covid-19, que han puesto de relieve la necesidad de reducir la dependencia de terceros países y de evitar las distorsiones en el mercado único.
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