Bruselas, 13 abr (.).- El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, señaló este martes que los Estados miembros deberían poder dar al certificado de vacunación comunitario que se está preparando en la UE otras funciones o aplicaciones, como acceso a eventos ahora restringidos por la pandemia, aunque cada país necesitaría elaborar una base legal para ello.
El comisario explicó los detalles de la propuesta para este certificado, aún en negociación entre las instituciones europeas, ante la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, a quien recordó que la propuesta que ha presentado Bruselas "no crea una base legal para otro objetivo que la libertad de movimiento".
Sin embargo, puntualizó, no debería prohibirse que los países usen este certificado -que reconoce a personas vacunadas, con una PCR negativa reciente o con anticuerpos- para reiniciar otro tipo de actividades hasta ahora restringidas en muchos países, como es el caso de algunos eventos culturales.
"Hemos visto ya propuestas con proyectos pilotos para eventos culturales, y es posible solicitar requisitos a las personas que acuden a este tipo de eventos. Ya es posible ahora, se les puede pedir que lleven mascarilla y eso ya es un requisito. En otros sitios se pide tener un test negativo", relató Reynders.
El certificado, abundó, es "solo una posibilidad adicional para comprobar diferentes situaciones": haber recibido la vacuna, tener anticuerpos por una infección reciente o haber recibido un resultado negativo de una PCR.
En cualquier caso, los Estados miembros que quieran usar el documento comunitario para objetivos nacionales deberán "crear la base legal para ello" en sus legislaciones nacionales, con normas que cumplan la legislación europea de protección de datos, y serán responsables de garantizar su "proporcionalidad y si son necesarias", dijo Reynders.
El comisario pidió al Parlamento y al Consejo, encargados de negociar esta propuesta, que no excluyan el uso de este certificado para nuevas funciones en cada país.
"Si lo hiciéramos, los Estados miembros que los quieran usar domésticamente tendrían que crear un sistema nacional por separado", advirtió, al tiempo que señaló que esto crearía una fragmentación y una carga adicional para los ciudadanos.
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