Bruselas, 30 jun (.).- La Comisión Europea no podría suspender la entrega de fondos comunitarios a Hungría por su ley discriminatoria contra el colectivo LGTBIQ porque no se dan las condiciones para usar el nuevo mecanismo que permite congelar los pagos a países que comentan violaciones del Estado de Derecho que afecten al presupuesto europeo.
"Tenemos que atenernos siempre al texto y al significado de la regulación y esta situación no está prevista ahí", explicó la vicepresidenta de la Comisión Europea para Transparencia y Valores, Vera Jourová, preguntada al respecto en una rueda de prensa.
No obstante, puntualizó que "hay otras violaciones del Estado de Derecho en Hungría que autorizarían activar tal procedimiento" y que Bruselas puede seguir "otra línea de acción".
Jourova recordó que la Comisión Europea envió el 23 de junio una carta a las autoridades húngaras expresando su preocupación por la ley y pidiendo aclaraciones antes de que entre en vigor la medida, que entre otras cosas prohíbe hablar de homosexualidad a los menores en las escuelas y en los medios de comunicación.
Hungría no ha respondido todavía a la misiva aunque hoy termina el plazo para hacerlo, según explicó el comisario de Justicia, Didier Reynders.
"Si las respuestas no son satisfactorias, preferiblemente anunciando que la ley no entrará en vigor, no dudaremos en lazar un proceso que podría llevar al Tribunal de Justicia de la UE y llevar a sanciones financieras en el futuro, pero no puedo preguzgar el resultado del proceso", dijo Jourová.
La ley, calificada de "vergüenza" por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viola las normas europeas puesto que discrimina a la gente por su orientación sexual y viola el derecho a la libertad de expresión, según el Ejecutivo comunitario.
El nuevo mecanismo de condicionalidad permite congelar fondos del presupuesto comunitario o del fondo de recuperación pospandemia cuando se producen violaciones del Estado de Derecho, siempre y cuando estas afecten de forma suficientemente directa a la buena gestión de los fondos europeos o a los intereses financieros de la Unión.
En este sentido, Jourové destacó que la regulación también afecta al fondo de recuperación y que Bruselas evaluará si los países cumplen con los requisitos de auditoría y protección contra el fraude en sus planes nacionales, incluido el húngaro, pero esto será algo que ocurra en la segunda parte del año.
Aunque el nuevo mecanismo está en vigor desde el 1 de enero pasado, Bruselas tiene previsto no utilizarlo hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado sobre el recurso de anulación que presentaron Hungría y Polonia, que se oponen a las reglas.