Bruselas, 24 jul (.).- La Comisión Europea propuso este miércoles retrasar un año, hasta el 1 de enero de 2026, las normas sobre requisitos mínimos de capital de la banca por riesgo de mercado, que forman parte del acuerdo internacional para mejorar la solidez de los bancos tras la crisis financiera conocido como Basilea III.
Se trata, en concreto, de la entrada en vigor de la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB, por sus siglas en inglés), que incorpora "técnicas sofisticas de medición de riesgos" para "alinear más fielmente los cargos de capital con los riesgos que afrontan los bancos en los mercados de capital", explica la institución en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario justifica su decisión de retrasar un año su aplicación porque "algunas grandes jurisdicciones deben finalizar todavía sus normas o comunicar sus calendarios de implementación".
Aunque el comunicado de hoy no especifica los países que todavía deben finalizar sus trabajos, la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness apuntó recientemente en un evento en Fráncfort (Alemania) al retraso que está acumulando Estados Unidos en este ámbito.
Bruselas defiende, en esta línea, que es "esencial" que los actores globales apliquen de forma "alineada" los estándares acordados en Basilea III y señala que posibles "retrasos y desviaciones" en "grandes jurisdicciones" podría "socavar la credibilidad" del sistema.
"En última instancia esto podría dañar la igualdad de condiciones y perjudicar la estabilidad financiera global", defienden las autoridades comunitarias.
En consecuencia, la Comisión Europea ha propuesto retrasar un año la entrada en vigor de esta parte específica del acuerdo de Basilea II con el objetivo de "preservar la igualdad de condiciones para los bancos europeos activos de manera internacional en sus actividades de negociación".
Con este año adicional, Bruselas considera que tendrá tiempo para analizar las novedades acerca de la aplicación de los requisitos mínimos de capital por riesgo de mercado en otros países y estudiar los "siguientes pasos".
El resto de estándares de Basilea III, recuerda el Ejecutivo comunitario, se aplicarán desde el 1 de enero de 2025, lo que demuestra, según la Comisión, el "compromiso" del bloque con la aplicación de los mismos.
La propuesta toma la forma de acto delegado, lo que jurídicamente supone que el Parlamento Europeo y los Estados miembros disponen de un plazo de tres meses para oponerse a la prórroga, que será efectiva si ninguna de estas dos partes la rechaza.
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