LISBOA, 18 abr (EFE).- La entidad española CaixaBank (MC:CABK) decidió volver a la carga para hacerse con el control total del Banco Portugués de Inversión (BPI) (LS:BBPI) en respuesta a la ruptura del acuerdo firmado con la angoleña Isabel dos Santos, dirigido a reducir su exposición a Angola y evitar así una sanción de Bruselas.
La entidad española anunció hoy el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (opa) por el BPI por segunda vez en los últimos catorce meses, después de que el primer intento no fructificase debido precisamente al rechazo de Dos Santos.
La operación se produce en un momento delicado para la entidad -la quinta más importante de Portugal por volumen de activos-, a la espera de saber si el Banco Central Europeo (BCE) le multa o acepta concederle más tiempo tras expirar el plazo para encontrar una solución a su negocio en Angola.
El caso del BPI tiene también implicaciones políticas para Portugal debido a la importancia de las relaciones con el país africano, y reflejo de ello fue la intervención directa de las autoridades durante las últimas semanas para facilitar las negociaciones entre CaixaBank y Dos Santos.
La propuesta de la entidad española ahora es de 1,113 euros por acción, lejos de los 1,329 euros que ofreció en febrero de 2015, lo que supone que valora al BPI en torno a 1.600 millones de euros, 300 menos que hace un año.
"Funcionará. Tenemos confianza en la operación", aseguró en una conferencia con analistas su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, quien calificó el precio ofrecido de "justo" pese a ser un 16 % inferior al de hace un año.
CaixaBank pretende hacerse con el 100 % de las acciones (ya controla el 44,1 %), por lo que desembolsaría un máximo de 906 millones de euros.
En su intervención ante los analistas, Gortázar destacó que la operación tendrá un impacto muy positivo en el banco luso, que mejoraría su rentabilidad al encontrarse bajo el paraguas de una entidad financiera como CaixaBank.
En esta línea, el consejero delegado de la entidad catalana reiteró que el BPI es un banco "atractivo y sólido", además de "bien gestionado".
La oferta de la entidad que preside Isidre Fainé está condicionada a la supresión de la limitación del 20 % en los derechos de voto del BPI, a alcanzar más del 50 % del capital y a obtener las autorizaciones de los organismos reguladores pertinentes.
Precisamente ese blindaje en los derechos de voto está detrás del conflicto existente entre CaixaBank y la inversora angoleña, y que ha derivado incluso en una situación de bloqueo en el seno de la entidad.
Aunque el peso del grupo español en la estructura accionista del BPI es más del doble que el de Dos Santos (44,1 % frente a 18,6 %), la existencia de este límite en los derechos de voto prácticamente iguala el poder de ambos a la hora de tomar decisiones.
En estas circunstancias, los dos accionistas negociaron una solución para cumplir las exigencias de Bruselas, que desde finales de 2014 reclama a los bancos comunitarios reducir su exposición al país africano por considerar que su sistema de supervisión no es equivalente al europeo.
El acuerdo sólo llegó el pasado día 10, a una hora de expirar el plazo, pero una semana más tarde quedó "sin efecto" por nuevas divergencias entre ambos.
Como consecuencia, el Gobierno luso reveló hoy que ya aprobó una modificación legislativa que permitirá a los accionistas de entidades financieras en Portugal evaluar periódicamente esos límites a los derechos de voto para poder modificarlos en caso de que así lo deseen.
El primer ministro portugués, el socialista António Costa, defendió que con esta medida "están creadas las condiciones institucionales y de mercado para que la separación del BPI y el Banco de Fomento de Angola (...) tenga éxito", por lo que pidió comprensión al BCE para que acepte ampliar el plazo.
Por su parte, el jefe del Estado luso, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, desveló que esta ley estaba preparada desde hace un mes y sólo fue "aplazada" para facilitar las negociaciones.