Barcelona, 1 jul (.).- La dirección y los sindicatos de CaixaBank (MC:CABK) ultiman un acuerdo sobre las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) derivado de la fusión con Bankia (MC:BKIA), que será de adhesión voluntaria y afectará a 6.452 personas en España, 1.839 menos que las previstas inicialmente, han asegurado a Efe fuentes sindicales.
Tras un maratón negociador que arrancó el martes, el último día del período de consultas, ambas partes vuelven a retomar esta tarde los contactos con dos puntos de discrepancia sobre la mesa.
El principal punto de fricción ahora mismo es la movilidad geográfica de los trabajadores, ya que CaixaBank quiere poder aplicarla a 40 kilómetros cuando sea necesario por motivos organizativos, y los sindicatos piden eliminarla, y está por ver si el banco hace una nueva propuesta u ofrece contraprestaciones.
En concreto, la última propuesta del banco planteaba limitarla a un máximo de 75 kilómetros cuando esta sea necesaria para el plan de reestructuración de la entidad y como medida para mantener el empleo, y fuera de estas circunstancias planteaba fijarla, cuando sea necesaria por motivos organizativos, en 40 kilómetros, frente a los 25 kilómetros actuales.
El otro punto de discrepancia son las aportaciones a los planes de pensiones de los empleados de CaixaBank, que los sindicatos quieren que crezcan un 2 %, frente al 1,75 % ofrecido por la empresa, para compensar así descensos en algunas coberturas de seguros.
En los dos últimos días, y tras unas jornadas de negociación continuas, las dos partes han acercado posiciones que hacen pensar que el acuerdo está cerca, han apuntado a Efe fuentes sindicales.
Salvado el escollo de que las salidas sean voluntarias, y no forzosas, los sindicatos aseguran que el ERE prevé esas 6.452 salidas, pero que no hay cláusula de cierre, es decir, que la empresa no podrá forzar ese número total de salidas de la entidad si no hay voluntarios suficientes.
Además de ese número máximo de salidas, el pacto contempla también 570 recolocaciones directas en empresas del grupo y 138 vacantes en filiales que se ofrecerán a toda la plantilla.
Lo que sí habrá, no obstante, es cupos territoriales y cupos máximos de salidas por franjas de edad, es decir, que, salvo cambios de última hora, se limitarán las salidas de empleados de 52 y 53 años a unos 750 empleados, y a 1.750 las de trabajadores de 54 y 55 años.
El pacto que están ultimando ambas partes divide a la plantilla en cuatro colectivos: personal de 63 o más años; trabajadores de entre 54 y 63 años (el llamado grupo A), empleados de 52 y 53 años (grupo B) y otros trabajadores de menor edad (grupo C).
El personal de 63 o más años -un colectivo realmente reducido, porque ha ido saliendo de la entidad en anteriores ERE pactados con los sindicatos- percibirá la indemnización mínima legal: 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.
Los trabajadores de entre 54 y 63 años con una antigüedad de al menos 6 años percibirían una indemnización equivalente al 57 % de su salario fijo hasta los 63 años, así como el pago del convenio especial con la Seguridad Social hasta esa edad y una prima de adhesión al ERE que oscilaría entre los 18.000 y los 28.000 euros brutos.
En cuanto a los empleados de 52 y 53 años con seis años de antigüedad que decidan acogerse al ERE, cobrarían un 57 % de su salario fijo multiplicado por 7 anualidades, fraccionado todo ello en mensualidades hasta los 63 años, así como el correspondiente pago del convenio de la Seguridad Social hasta los 63 años y una prima única de 38.000 euros.
No obstante, la prestación por desempleo se descontaría de la indemnización total a estos dos colectivos, apuntan las fuentes consultadas por Efe.
En cuanto al personal menor de 52 años dispuesto a abandonar la entidad, percibiría 40 días por año trabajado con un límite de 36 mensualidades, con una prima de entre 13.000 y 23.000 euros en función de su antigüedad.