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Campesinos guatemaltecos desalojados en 2011 exigen tierras a Gobierno

Publicado 23.04.2013, 00:04

Guatemala, 22 abr (EFE).- Cerca de medio millar de campesinos y líderes comunitarios de Guatemala exigieron hoy al Gobierno cumplir con su promesa de entregar tierras para vivir y cultivar a las 769 familias de 14 comunidades que fueron desalojadas de forma violenta del Valle de Polochic en 2011.

Los campesinos, que fueron acompañados por representantes de varias organizaciones no gubernamentales, entregaron a delegados del Gobierno un documento firmado por más de 100.000 ciudadanos de unos 55 países alrededor del mundo, que apoyan la petición de tierras para las familias damnificadas.

"Las firmas de apoyo fueron recolectadas en diferentes países de Europa y América Latina, por una campaña impulsada por la iniciativa "Vamos al grano", la cual fue respaldada por Intermon Oxfam y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-CLOC/La Vía Campesina Centro América", explicó a los periodistas uno de los directivos de esa organización.

A pesar de que los campesinos habían solicitado audiencia con el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, desde hace varias semanas, el mandatario no los atendió, según la Casa Presidencial, por "problemas de agenda".

"Hemos esperado pacientemente desde 2011 a que el Gobierno resuelva nuestro problema, pero no hay voluntad política", dijo uno de los líderes de las familias afectadas.

En enero de 2011, las fuerzas de seguridad del Estado y policías privados desalojaron de forma violenta a 769 familias de campesinos indígenas que ocupaban terrenos del Valle del Polochic, en el norte del país, para favorecer a un ingenio azucarero.

Los campesinos exigen que Pérez Molina cumpla la promesa que les hizo en noviembre de 2012, de entregar tierras a 300 de las familias afectadas este año, y al resto a mediados de 2014.

La falta de tierras para cultivar es uno de los problemas estructurales que más conflictividad social genera en Guatemala, en donde el Parlamento se ha negado a aprobar una ley de desarrollo rural integral, que varios sectores consideran sentaría las bases para resolverlo. EFE

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