Barcelona, 23 jul (.).- El Gobierno catalán ha aprobado este martes ampliar la Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA) del Delta del Llobregat en 1.472 hectáreas, hasta las 2.407, lo que dificultaría acometer una ampliación física del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, sobre la que el actual ejecutivo siempre se ha mostrado contrario.
El acuerdo formalizado hoy llega después de que, en 2021, la Comisión Europea emplazara a reforzar la protección de este espacio protegido, afectado por actuaciones como la anterior ampliación del propio aeródromo o la extensión del Puerto de Barcelona.
Las nuevas hectáreas que se someterán a protección se ubican en los municipios de El Prat de Llobregat, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Gavà, Santa Coloma de Cervelló, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels y Barcelona.
Al tiempo, se amplían hasta las 1.556 las hectáreas del cauce del río Llobregat que se consideran Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
La portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja, ha reconocido este martes que el acuerdo -formalizado dos años después del anuncio- "llega tarde, ciertamente".
Ha explicado que para cerrarlo se han mantenido reuniones con los sindicatos agrarios Unió de Pagesos (UP) y JARC, así como con entidades como Ecologistes de Catalunya, la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN). No se ha mantenido contacto, sin embargo, con representantes del mundo económico.
La ampliación de la ZEPA pone más trabas si cabe a una eventual ampliación física del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, defendida hasta la fecha por el gestor aeroportuario, Aena (BME:AENA), y por el Gobierno central, así como por Salvador Illa, que aspira a ser el nuevo presidente de la Generalitat.
Plaja ha indicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuenta con la posibilidad de defender que la ampliación debe acometerse por "razones imperiosas de interés público de primer orden", lo que, de ser aceptado por la Comisión Europea, permitiría ejecutar las obras pese a que estas afecten a la ZEPA.
Ha dicho esperar, en cualquier caso, que el Gobierno no tome una decisión como esta "unilateralmente" y sin escuchar al conjunto de la sociedad civil catalana.
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