Bruselas, 8 dic (.).- La Comisión Europea (CE) dio hoy un paso más en el proceso de infracción contra España y otros catorce países de la Unión Europea (UE) por no haber incluido en sus legislaciones nacionales una o más de las nuevas normas sobre contratación pública y concesiones.
Bruselas ha enviado una petición formal -opinión razonada, en la jerga comunitaria- para que transpongan estas leyes a España, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y Suecia.
El Gobierno español, como sus socios europeos, deberá responder en el plazo de dos meses para explicar qué medidas ha tomado para ajustar la legislación nacional con la comunitaria, algo que debería haber hecho el pasado 18 de abril.
Si tras estudiar las respuestas, la Comisión concluye que no están cumpliendo con sus obligaciones, puede demandarles frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), algo que solo ocurre en un 5 % de los casos.
La Comisión ha dado hoy el segundo paso en el procedimiento de infracción que abrió en mayo contra 21 países, a los que envió una carta pidiendo explicaciones sobre el retraso en la transposición de las directivas.
Las alegaciones de los estados permitieron cerrar el expediente contra República Checa, Grecia, Malta, Holanda, Polonia y Rumanía.
Las nuevas directrices europeas que debe adoptar España están dirigidas a hacer la contratación pública más eficiente en Europa, con normas más inteligentes y procedimientos electrónicos, que podrían llegar a ahorrar a los países hasta 100.000 millones de euros al año, según la CE.
Pretenden también hacer más fácil a las pequeñas y medianas empresas competir por conseguir contratos públicos, y aumentar la transparencia para combatir mejor la corrupción.
En el caso de España, tanto Bruselas como sus socios comunitarios han insistido últimamente en que la legislación sobre contratación pública sigue siendo una tarea pendiente.
Tras evitar una multa en julio por su desvío de déficit público en 2015, los países adoptaron una decisión en la que llamaron a España a establecer un marco coherente que garantice la transparencia y la coordinación de la política de contratación pública de todas las entidades y autoridades de contratación a fin de garantizar la eficiencia económica y una elevada competencia.
Este marco debe incluir mecanismos adecuados de control a priori y a posteriori para la contratación pública a fin de garantizar la eficiencia y el cumplimiento de la normativa, señalaron los socios de Madrid en la decisión.
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