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CE obligará a grandes empresas a divulgar información social y medioambiental

Publicado 16.04.2013, 15:45

Estrasburgo (Francia), 16 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso hoy que las grandes empresas publiquen obligatoriamente en sus memorias anuales información relevante sobre sus políticas, riesgos y resultados en materia medioambiental, social, laboral y de derechos humanos, y sobre la diversidad de sus consejos directivos.

"Se trata de proporcionar información útil para empresas, inversores y la sociedad en general, muy demandada por la comunidad inversora", señaló el comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, al presentar la propuesta, que regula los requisitos mínimos de divulgación de información no financiera en el campo de las políticas medioambientales y sociales de las compañías europeas.

Las empresas que ya publican información sobre su rendimiento financiero y no financiero "asumen una perspectiva a más largo plazo en su proceso de toma de decisiones", afirmó Barnier, quien aseguró que este ejercicio de transparencia permite a las empresas tener "menores costes de financiación, atraer y retener a empleados talentosos, y por ende, ser más exitosas".

Este factor es además "importante para la competitividad de Europa y la creación de más empleos", recalcó el comisario francés.

La CE ha decidido aplicar estas normas sólo a las grandes compañías con más de 500 empleados, porque los costes que supondría la publicación de información no financiera para las microempresas y pymes "podrían pesar más que los beneficios" que obtendrían a cambio, dijo Barnier.

Unas 2.500 grandes empresas de la Unión Europea (UE) divulgan ya regularmente información social y medioambiental, de manera que con la propuesta de la CE otras 15.500 compañías se sumarán obligatoriamente a esta práctica, en la que también se incluirá información sobre medidas contra la corrupción y sobornos.

La CE asegura que para las grandes empresas el coste administrativo será mínimo, dado que tendrán que publicar información "concisa" que permita entender el desarrollo, el rendimiento o la posición de la compañía en la materia en lugar de un informe completo de sostenibilidad.

Si en un área específica no es relevante para una empresa aportar información no será obligada a hacerlo, pero tendrá que explicar la razón por la que no lo considera necesario.

La información podrá ser publicada a nivel de grupo y supondrá un coste adicional de 5.000 euros al año para las grandes empresas, según cálculos de la CE.

La medida deja bastante flexibilidad a las empresas, en el sentido de que podrán decidir la manera que consideren más útil para publicar la información relevante.

Para ello pueden tener en cuenta guías internacionales o nacionales como el Pacto Mundial de la ONU, que pide al mundo de las empresa que lleven a la práctica valores fundamentales en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, o la norma ISO26000 sobre Responsabilidad Social.

En cuanto a la transparencia sobre la diversidad en el consejo directivo de las empresas, las grandes compañías cotizadas tendrán que informar sobre su política en esta materia, cubriendo la edad, el género y la diversidad geográfica, así como proporcionar la formación educativa y profesional de los miembros.

La información deberá incluir objetivos de la política de diversidad, cómo será implementada y los resultados de la misma.

Las compañías que no dispongan de una política de diversificación tendrán que explicar las razones.

La actual legislación europea abarca la publicación de información no financiera pero hasta ahora las empresas podían elegir divulgar o no ciertos datos sobre aspectos medioambientales, sociales y otros de su actividad.

Esta normativa resultó ser poco eficiente y clara y fue aplicada de diferente manera en los Estados miembros.

Menos del 10 % de las compañías europeas grandes publican este tipo de información de manera regular, aunque algunos países miembros han introducido requisitos más estrictos que van más allá de la legislación europea, entre ellos España en 2011. EFE

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