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China arranca el debate de "ambiciosas" reformas no exentas de obstáculos

Publicado 09.11.2013, 06:08
Actualizado 09.11.2013, 10:54

Paloma Almoguera

Pekín, 9 nov (EFE).- El plenario anual del Partido Comunista chino (PCCh) que comenzó hoy será el escenario de discusión de unas "ambiciosas" reformas pro mercado, cuya aprobación y posterior aplicación no están exentas de obstáculos que puedan mermar su éxito.

A puerta cerrada y bajo el mando del presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang, los 370 miembros del Comité Central de la formación debatirán sobre unas medidas económicas que se esperan al menos tan relevantes como las que en 1993, con Jiang Zemin al frente del país, internacionalizaron la economía china.

En los meses previos al encuentro, el Gobierno ha asegurado que abordará unas reformas "sin precedentes", como aseguró recientemente Yu Zhengsheng, el cuarto de los siete miembros del Comité Permanente, el mayor órgano de poder chino.

Aunque sin mayores pistas por parte del Gobierno, entre las más sonadas en las quinielas de los expertos están la flexibilización de los permisos de residencia internos ("hukou"), la liberalización de la tenencia de tierras o la modificación del sistema fiscal, todas clave para impulsar el salto hacia la hegemonía de la actual segunda economía mundial.

Uno de los objetivos es reducir el peso de las exportaciones, disminuidas por los problemas financieros de los principales socios comerciales de China (UE y EE.UU), y fortalecer la demanda interna, además de frenar la crisis de deuda de los gobiernos locales.

Para ello, expertos como Richard Herd, director de China de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), abogaron recientemente en una conferencia en Pekín por flexibilizar el "hukou", que ahora restringe la movilidad laboral del ciudadano al negar el acceso a servicios como la seguridad social o la educación fuera del lugar de origen.

Junto a un "hukou" menos restrictivo, a la hora de incentivar la movilización se requeriría incrementar las compensaciones que los agricultores reciben al vender su derecho de explotación del terreno que trabajan -propiedad colectiva, bajo la ley china- si deciden emigrar a las urbes.

Pero aunque con ello China desbloquearía el potencial consumo de su población rural (estimada en 900 millones, incluidos los trabajadores emigrantes), restarían varios problemas, entre ellos la dificultad de redistribuir poderes y fuentes de financiación entre los Gobiernos central y local.

Tendría que modificarse también el modelo de financiación de los Gobiernos locales, que actualmente carecen de vías efectivas de recaudación -no pueden emitir bonos, por ejemplo-, de forma que reciban más beneficios fiscales para proveer a la población de los servicios necesarios.

Así, la "urbanización" del país, uno de los planes maestros de Li Keqiang, según remarcó en un editorial que firmó el mes pasado para el diario "Financial Times", aún cuenta con importantes incógnitas.

Por ejemplo, quién, si el Gobierno central o local, asumiría los alrededor de 80.000 yuanes (13.000 dólares) por persona que constaría, según cifras del Consejo de Estado, suministrar servicios públicos básicos a los trabajadores emigrantes y a sus familias.

Otra de las apuestas de Li, como es la liberalización paulatina del yuan o la flexibilización de los tipos de interés (que ya se experimentan en la reciente inaugurada Zona de Libre Comercio de Shanghái), se enfrentan también a la reticencia de al menos dos de los tres grandes reguladores industriales financieros.

Según un artículo publicado a finales de octubre por el South China Morning Post (SCMP), cuando Li desveló su plan para Shanghái se topó con la firme oposición de los oficiales más conservadores, preocupados por que la apertura a los inversores extranjeros amenazara la seguridad de la industria nacional financiera.

Así mismo, se prevé difícil contar con el respaldo de las grandes compañías estatales (SOE, en sus siglas en inglés) para permitir la entrada de capital privado que oxigene sus beneficios, dado el actual sistema prestatario por el que el Gobierno les garantizaba bajos tipos de interés. EFE

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