Pekín, 11 abr (EFE).- Las autoridades chinas relajarán las condiciones para que las empresas locales puedan invertir en el extranjero de forma que las operaciones con un valor menor a los 1.000 millones de dólares no necesitarán la aprobación del Gobierno.
Según un comunicado de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC siglas en inglés) publicado a última hora del jueves, aquellas empresas que quieran invertir una cantidad menor del límite solamente necesitarán registrar la operación.
La medida será efectiva a partir del 8 de marzo y se enmarca en el compromiso de Pekín de simplificar los controles a las empresas, así como la reducción de los procedimientos administrativos.
Según el comunicado, aquellos proyectos que se realicen en países o sectores "delicados" estarán aun sujetos al visto bueno del la NDRC, sea cual sea la cantidad invertida.
Los países "delicados" son aquellos que no han establecido relaciones diplomáticas con China, los que se encuentren bajo sanciones de la comunidad internacional o los que estén en guerra.
En cuanto a los sectores, las inversiones en telecomunicaciones, explotación de recursos terrestres o híbridos, electricidad y medios de comunicación también deberán ser aprobados por el organismo gubernamental.
Hasta ahora, las inversiones de empresas chinas en el extranjero estaban sujetas a la aprobación oficial si el volumen superaba los 100 o los 300 millones de dólares, dependiendo del sector en el que se invertía.
Los acuerdos que superen los 1.000 millones de dólares aún tendrán que pedir el permiso de la NDRC, mientras que aquellos que superen los 2.000 millones de dólares necesitarán el visto bueno del Consejo de Estado chino, el órgano ejecutivo del país.
El comunicado también asegura que, en caso de necesitar el permiso de los organismos oficiales para realizar la inversión, la NDRC se compromete a dar una respuesta 20 días después de presentar la solicitud, un proceso que hasta hoy podía alargarse hasta seis meses.
Pekín lleva a cabo varias reformas pro-mercado para reducir la intervención del Estado en la economía del país, especialmente en lo referente a la entrada y salida de capitales del gigante asiático, un ámbito que, a diferencia del comercio de mercancías, sigue muy controlado.