Madrid, 10 may (.).- El Club de Exportadores e Inversores Españoles ha rechazado la carta que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha comenzado a enviar a empresas españolas en Israel y ha subrayado que dichas compañías "se ajustan a la legalidad internacional".
Así lo han indicado en un comunicado después de que esta semana el también ministro de Consumo y Agenda 2030 haya enviado esas misivas en las que pide a las compañías que adopten las medidas necesarias para evitar que sus actividades "contribuyan al genocidio en Palestina".
Las empresas españolas que comercian u operan con Israel "se ajustan a la legalidad internacional", continúa el comunicado, en el que rechazan el intento del ministro de hacer recaer sobre éstas "la responsabilidad de supervisar cuestiones que evidentemente se escapan a sus posibilidades de control y que no están sometidas a sanciones por parte de la Unión Europea".
En este sentido, subrayan que la única obligación de las empresas españolas debe ser "el estricto cumplimiento de la legalidad española y del país donde operen, en este caso Israel, en el contexto de lo que la Unión Europea disponga al respecto".
Además, las mismas fuentes hacen hincapié en que el Ministerio de Derechos Sociales "carece de competencias en la materia" e "invade las áreas correspondientes a las carteras de Asuntos Exteriores y Economía".
El Club insiste en que es una organización "partidaria de la paz y de las soluciones negociadas a los conflictos", que además "condena cualquier violencia ejercida sobre población civil, sea cual sea el bando que la realice".