Madrid, 16 jul (.).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a siete empresas con multas que suman 3,1 millones de euros por participar en tres cárteles que durante años se repartieron los contratos públicos para vender alimentos a hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército.
Según ha informado este martes el organismo, el primer cártel estaba formado por las distribuidora Plataforma Femar, su filial Acacio, Serviline Foods y Asesores Llangon, y se repartió las licitaciones para suministrar alimentos a colectividades dependientes de organismos públicos y privados desde noviembre de 2015 hasta agosto de 2021.
El segundo estaba formado por Femar y Leonesa de Patatas y afectó a la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) en los contratos para varios centros penitenciarios desde enero a marzo de 2022.
El tercer cártel estaba formado por Femar, Hermanos Vidal y Frutícolas Ateca y afectó también a centros penitenciarios del TPFE desde febrero a marzo de 2022.
En total, las multas impuestas a las empresas ascienden a 3.137.500 euros por tres infracciones del artículo 1 de la ley de defensa de la competencia, mientras que el total de multas a sus directivos asciende a 176.100 euros en aplicación del artículo 63.2 de la misma normativa.
Por empresas, Plataforma Femar ha sido multada con más de 2,4 millones de euros, Acacio con 346.000 euros, Serviline Foods con 170.000 euros, Asesores Llangon con 3.500 euros, Leonesa de Patatas con 45.000 euros, Frutícolas Ateca con 65.000 euros y Hermanos Vidal con 60.000 euros.
En el detalle de las multas a los directivos, Fernando Marín Hernández (Femar y Acacio) ha sido castigado con 71.300 euros, Alberto Marín Hernández (Femar) con 25.800 euros, José Antonio Cebollada Andrés (Serviline) con 31.000 euros, Miguel Ángel Cebollada Andrés (Serviline) con 20.000 euros, y Nuria Llanos González (Llangon) con 28.000 euros.
Forma de proceder
El primer cártel concertó una "bolsa conjunta de beneficios" y operó gracias al rol de facilitador de Llangon —empresa de asesoramiento para concursos públicos sin volumen de negocio en el mercado afectado—, ha detallado la CNMC en un comunicado.
La bolsa funcionaba mediante una suerte de subcontrataciones entre las empresas, algo que o estaba prohibido en la mayoría de los pliegos o no se comunicaban al órgano de contratación.
Estas subcontrataciones eran un subterfugio para compensarse el reparto de los lotes y cumplir con un reparto de los beneficios al 50 %, ha explicado la CNMC.
Las empresas también intercambiaron información comercial sensible sobre sus márgenes de beneficio en los contratos; los precios de oferta a un cliente privado; su zona de influencia para operar; las licitaciones a las que se iban a presentar e, incluso, la contraseña y el certificado digital para acceder a la contratación, ha detallado la CNMC.
El segundo y tercer cártel consistió en dos acuerdos anticompetitivos que alcanzó Femar con Leonesa y dos empresas vinculadas entre ellas: Hermans Vidal y Ateca, respectivamente.
En el primer acuerdo, cuando los órganos de contratación les invitaban a participar en el concurso, Femar acordó con Leonesa la presentación recíproca de ofertas de cobertura, repartiéndose los centros penitenciarios en función de su localización.
En el segundo acuerdo, Femar también acordó con Hermanos Vidal y Ateca, vinculadas al tener los mismos administradores, presentar ofertas de cobertura para repartirse los contratos.
La CNMC inició la investigación y realizó las primeras inspecciones en marzo y septiembre de 2022, tras recibir un aviso de los órganos de contratación de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón por posibles indicios de colusión en varias licitaciones.
A raíz de estas investigaciones, la CNMC incoó un procedimiento sancionador a varias empresas en diciembre de 2022, que amplió en julio de 2023, según ha relatado en un comunicado.
Contra esta resolución podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.