Bruselas, 14 sep (EFE).- El Gobierno de Colombia ha proporcionado a los miembros del Parlamento Europeo (PE) un documento en el que presenta sus compromisos para garantizar el respeto a los derechos humanos, como le solicitaba la Eurocámara para dar su respaldo al tratado de libre comercio (TLC) negociado con la UE.
El documento, al que tuvo acceso Efe, hace un balance de las medidas que las autoridades colombianas han puesto en marcha para promover las libertades fundamentales, y responde a la petición de los eurodiputados de una "hoja de ruta" clara en ese ámbito por parte del país andino con vistas a que el TLC pueda entrar en vigor.
En mayo pasado, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo instó a Colombia y Perú a elaborar una hoja de ruta "transparente y vinculante" para garantizar el respeto de los derechos humanos, laborales y medioambientales.
Desde el comienzo de las negociaciones del TLC entre la UE y Colombia y Perú, varios grupos de la Eurocámara y diferentes organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por la situación de los derechos fundamentales en esos países y, en especial, de los activistas y sindicalistas en Colombia.
El documento remitido a los europarlamentarios hace hincapié en la necesidad de involucrar a la sociedad civil en la vida pública a través del Sistema nacional de derechos humanos y ley humanitaria internacional aprobado en 2011.
Para promover los derechos laborales, recuerda que el Ministerio de Trabajo ha creado una Comisión interinstitucional sobre derechos humanos para que el fiscal general, la Escuela Nacional de Sindicatos, el Alto Consejo de la Judicatura y el sector privado acuerden una metodología de investigación de los asesinatos de sindicalistas.
En ese terreno, también se ha puesto en marcha un Comité especial para la resolución de los conflictos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el fin de solucionar disputas laborales en el ámbito nacional antes de recurrirlas a órganos internacionales.
El Ministerio del Interior ha adoptado además un programa de protección con el objetivo de garantizar mejor la seguridad de los sindicalistas, abogados especializados en la defensa de los derechos humanos y concejales, apunta el documento.
Por otra parte, recuerda la puesta en marcha de la Ley de víctimas y restitución de tierras en 2011, que "subraya el compromiso del Gobierno colombiano de defender los derechos de sus ciudadanos" y prevé compensaciones para 4 millones de personas afectadas por la violencia interna.
Esa ley está apuntalada por un plan nacional para el cuidado global y compensación de las víctimas, que cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros, y un departamento para la prosperidad social, una nueva institución pública que busca que las víctimas participen de forma eficaz en el proceso de reconciliación nacional.
Las autoridades colombianas recordaron también en este documento que, entre 2001 y 2011, el número de asesinatos en el país ha caído un 47 % y, el de muertes violentas de sindicalistas, un 85 %.
La tramitación del tratado de libre comercio negociado entre la UE, por un lado, y Colombia y Perú, por otro, ha entrado en su última fase, y sólo falta el respaldo de los parlamentos de esos países andinos y de la Eurocámara para que pueda entrar en vigor. EFE