Bruselas, 1 sep (.).- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió este miércoles dar por cerrada una denuncia de un ciudadano español que criticaba que el proyecto de ampliación norte del puerto de Valencia no había sido sometido a una nueva evaluación de impacto ambiental tras sufrir varias modificaciones frente a su versión original, de 2007.
La presidenta de la comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, cerró la petición después de que los eurodiputados que representan a una mayoría de los grupos políticos de esta entidad se pronunciaran en favor de no seguir tratando el caso y de que la Comisión Europea declarase que carece de base jurídica para pronunciarse.
Un ciudadano español bajo las siglas J.S.H. recogía en su petición dudas sobre las modificaciones que ha sufrido el proyecto de ampliación norte del puerto de Valencia desde la presentación de su versión original en 2007, que sí obtuvo una evaluación del impacto ambiental positiva.
En concreto, denunció cambios significativos en el dragado, los rellenos, la capacidad terminal y la capacidad de los buques.
El peticionario cree que los cambios que se han efectuado a este proyecto desde entonces deben ser sometidos a un nuevo examen de impacto ambiental, ya que su desarrollo podría afectar a zonas protegidas de la red europea Natura 2000.
"Es su total responsabilidad exigir al Gobierno de España su involucración e intervención en este asunto, de forma que el proyecto que eventualmente se pudiera desarrollar cuente con las debidas garantías ambientales", incidió en alusión al Parlamento Europeo y al Ejecutivo comunitario.
En esta línea se pronunció también la consejera valenciana de Transición Ecológica, Mireia Molla, quien denunció una "omisión deliberada" del principio de precaución y criticó que no se actúe para "despejar las dudas" sobre el impacto que el nuevo proyecto pudiera tener en la Albufera de Valencia.
"Han pasado 14 años, el proyecto ha cambiado sustancialmente, el conocimiento técnico ha evolucionado, la legislación ambiental exige nuevas garantías incluso sobre proyectos previamente evaluados, existe riesgo de mayor afección a la Albufera de Valencia y el escenario climático en el Mediterráneo ha empeorado", insistió la consejera.
Con ella y con el peticionario coincidieron los diputados de los grupos Verde y de La Izquierda que intervinieron (entre ellos, Ernest Urtasun de Catalunya en Comú y Manu Pineda de IU), mientras que diputados como Pablo Arias (PP) e Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE) se alinearon con el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, en rechazar que sea necesaria una nueva evaluación de impacto.
Martínez defendió que las modificaciones al proyecto "no exigen" una nueva evaluación de impacto ambiental y rechazó que la infraestructura afecte a espacios protegidos de la red Natura 2000, que se incrementen los vertidos a los cauces o generen más residuos
"Todo lo hemos hecho siendo absolutamente respetuosos con todos los temas medioambientales. Siempre hemos actuado en base a informes técnicos y jurídicos y las modificaciones no exigen una nueva guía", apuntó Martínez.