Madrid, 6 feb (.).- La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha exigido hoy al Gobierno que la digitalización del sector bancario no deje atrás a ningún usuario por razones de edad o discapacidad o por vivir en zonas en las que ya no existen puntos de atención bancaria y no solo en pueblos de la llamada España vaciada, sino también en determinados barrios de grandes ciudades.
En una nota remitida este martes, Asufin ha querido destacar este problema el mismo día en que el Congreso tiene previsto votar una proposición de ley enviada por el Parlamento de Cataluña que pretende garantizar el servicio de cajeros automáticos en municipios y barrios que estén en riesgo de exclusión financiera.
Y todo esto en un sector que muestra una clara tendencia a la baja en las ratios de empleados, oficinas y cajeros por habitante, según los datos recogidos por Asufin, que comparan las cifras al cierre de 2003 con las de 2008, antes de la gran crisis financiera internacional que se inició en EE. UU. con las hipotecas "subprime".
En concreto, la ratio de habitantes por oficina bancaria casi se ha triplicado desde 2008, ya que ha pasado de unos 1.000 habitantes por oficina a tener que atender a 2.742, con el 42 % de empleados menos, según este informe.
Y es que, los 270.855 empleados que tenía el sector bancario en 2008, pasaron a ser 157.000 al finalizar 2023, después del "tsunami" provocado por la desaparición de las cajas de ahorros, con las consiguientes fusiones y adquisiciones, la digitalización de la atención al cliente o el frenazo económico que se produjo tras estallar la pandemia del coronavirus.
El propio cierre de oficinas ya alcanza al 60 % de las existentes en 2008, al pasar de las 45.662 de entonces hasta 17.537, un vacío de atención presencial que no han llenado los cajeros, ya que hay cerca de un 30 % menos, unos 43.620 frente a los 61.714 que había en 2008, explica Asufin.
El texto que se votará hoy en el Congreso pretende garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios bancarios de proximidad, para lo que establece que los municipios y los barrios que no tienen cajeros automáticos y se consideran en riesgo de exclusión bancaria deben disponer como mínimo de un cajero en el término municipal.
Asimismo, establecerá la obligación por parte de las entidades financieras de instalar cajeros cuando se les solicite y asumir los gastos que esto conlleve, entre otras cosas.