Quito, 26 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso elevar los impuestos a la banca para subir las ayudas a los pobres, así como aumentar el acceso del Estado a los datos sobre operaciones financieras y patrimonio de los ciudadanos, en un proyecto de ley divulgado hoy.
La Asamblea Nacional (Parlamento), donde el movimiento oficialista Alianza País tiene el mayor bloque de escaños, comenzará hoy el análisis de la propuesta, que ha provocado el rechazo de las principales asociaciones empresariales de Ecuador.
El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador, César Robalino, la calificó como una "cuasi confiscación" de los beneficios de la banca.
Con los nuevos tributos, el mandatario busca financiar la elevación del llamado "bono de desarrollo humano", dirigido a personas pobres, de 35 a 50 dólares al mes desde el próximo 1 de enero.
La propuesta de esa subida la presentó originalmente Guillermo Lasso, un exbanquero que es candidato a la presidencia en los comicios de febrero de 2013, pero él dijo que la financiaría con los fondos que el Estado destina a publicidad, que según sus cálculos serían suficientes para cubrir toda el alza.
Correa, un economista de izquierda que critica con frecuencia a la banca, ha estimado que el incremento le costará a las arcas del Estado 323 millones de dólares, y él quiere que la banca lo costee.
En la propuesta legislativa, llamada "Ley de Redistribución del Gasto Social", la Presidencia afirma que la banca ha tenido beneficios de 601 millones de dólares en los últimos dos años y señala que quienes tienen mayor capacidad económica deben soportar una mayor carga tributaria.
No obstante, aclara que los nuevos impuestos no serán destinados necesariamente en su totalidad a financiar el bono, sino que "también podrían ser utilizados para otras actividades redistributivas de riquezas".
Con esta declaración aparentemente quiere salvar un escollo legal impuesto por la Constitución ecuatoriana, que prohíbe crear "preasignaciones presupuestarias" aparte de las contempladas en la propia Carta Magna.
El proyecto de ley también amplía el acceso del Servicio de Rentas Internas (SRI) a la información bancaria de los ciudadanos.
La propuesta asevera que el combate al fraude fiscal "precisa de datos e información para la realización de investigación que no debe encontrar en el sigilo bancario un velo de incumplimiento e impunidad sobre movimientos financieros y acrecentamientos patrimoniales ilícitos".
El texto prevé una multa de entre 29.200 y 73.000 dólares para las instituciones financieras "que no cumplan cabal y oportunamente con la entrega de la información requerida" por el SRI.
Dado que el proyecto de ley tiene carácter económico urgente, los legisladores cuentan con tan solo 30 días para rechazarlo o aprobarlo como está o con modificaciones, y si no lo hacen entrará en vigencia de forma automática. EFE