Por John Kruzel y Andrew Chung
WASHINGTON, 4 dic (Reuters) - La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó el lunes a escuchar una impugnación presentada por el Gobierno a la legalidad del acuerdo de bancarrota del fabricante del OxyContin, Purdue Pharma, un proceso que de ser aprobado protegería a la familia propietaria, Sackler, de demandas por su rol en la epidemia de opioides del país.
Según el acuerdo de quiebra, los propietarios de Purdue recibirían inmunidad a cambio de pagar hasta 6.000 millones de dólares para resolver miles de demandas presentadas por estados, hospitales, personas que desarrollaron adicción y otros involucrados que llevaron a las cortes a la compañía con sede en Stamford, Connecticut, por publicidad engañosa del poderoso analgésico OxyContin.
En agosto, los jueces suspendieron los procedimientos de quiebra relacionados con Purdue y sus afiliados cuando accedieron a aceptar la apelación del Gobierno a un fallo del Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, con sede en Manhattan, que confirmaba el pacto.
Afuera de la corte, unas 50 personas protestaron por el acuerdo, incluidos familiares de víctimas de opioides.
"Los Sackler mienten, la gente muere", coreaban los manifestantes. Algunos portaban carteles en memoria de las personas que murieron a causa de los opioides. Otro cartel decía: "Los criminales de cuello blanco más mortíferos: el cártel Sackler".
En documentos judiciales, la administración del presidente Joe Biden dijo a los jueces que permitir que se mantuviera la decisión del Segundo Circuito proporcionaría "una hoja de ruta para que las corporaciones y las personas ricas hagan un mal uso del sistema de quiebras para evitar responsabilidad por daños graves".
Lo que está en discusión es si la ley de quiebras de Estados Unidos permite que la reestructuración de Purdue incluya protecciones legales para los miembros de la familia Sackler, que no se han declarado en quiebra por su patrimonio personal.
Purdue se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas en 2019 para hacer frente a sus deudas, casi todas derivadas de miles de demandas que alegaban que OxyContin ayudó a iniciar una epidemia de opioides que ha causado más de medio millón de muertes por sobredosis en Estados Unidos durante dos décadas.
Purdue estima que su acuerdo de quiebra, aprobado en 2021, proporcionaría 10.000 millones de dólares en valor a sus acreedores, incluidos gobiernos estatales y locales, víctimas de adicción, hospitales y otras personas que han demandado a la empresa.
La administración Biden y ocho estados impugnaron el acuerdo. Todos los estados abandonaron su oposición después de que los Sackler acordaron contribuir más al fondo del acuerdo.
Al confirmar el acuerdo en mayo, el Segundo Circuito concluyó que la ley federal de quiebras permite protecciones legales para partes no en quiebra como los Sackler, bajo circunstancias extraordinarias.
El tribunal decidió que los reclamos legales contra Purdue estaban inextricablemente vinculados a los recursos contra sus propietarios, y que permitir que las demandas continuaran apuntando a la familia socavaría los esfuerzos de Purdue para llegar a un acuerdo de quiebra.
Los miembros de la familia Sackler niegan haber cometido delitos, pero lamentaron que el OxyContin "inesperadamente se convirtiera en parte de una crisis de opioides". En mayo, dijeron que el acuerdo de quiebra proporcionaría "recursos sustanciales para las personas y comunidades necesitadas".
El Gobierno dijo a la Corte Suprema que el acuerdo de Purdue representa un abuso de las protecciones por quiebra destinadas a deudores en "dificultades financieras", no a personas como los Sackler.
La administración también ha alegado que los miembros de la familia Sackler retiraron 11.000 millones de dólares de Purdue antes de aceptar contribuir con 6.000 millones de dólares a su acuerdo sobre opioides.
Muchas otras partes interesadas han respondido en oposición a la solicitud de la administración de detener el acuerdo. Un grupo compuesto por más de 60.000 personas que han presentado reclamos por agravios personales derivados de su exposición a los opioides de Purdue dijeron a la Corte Suprema que apoyan el acuerdo, incluida la inmunidad legal para los miembros de la familia Sackler.
"Independientemente de cómo se sienta uno sobre el papel de la familia Sackler en la creación y escalada de la crisis de opioides", dijo el grupo a los jueces, "el hecho es que los miles de millones de dólares en fondos de mitigación y compensación a las víctimas dependen de la confirmación y consumación del plan existente".
(Reporte de John Kruzel y Andrew Chung. Editado en español por Marion Giraldo)