La Habana, 29 sep (.).- Las primeras 35 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) creadas en Cuba tras la aprobación de una normativa gubernamental recibieron luz verde para su constitución como personas jurídicas para ejercer sus actividades, informó este miércoles el ministerio de Economía y Planificación.
En este primer grupo -que incluye 32 mipymes privadas y tres estatales- figuran 13 dedicadas a la producción de alimentos, 6 de manufactura, 3 relacionadas con actividades de reciclaje y otras 3 desarrolladas en el Parque Científico y Tecnológico de La Habana.
Las nuevas empresas se encuentran ubicadas en 11 de las 15 provincias cubanas, 10 de ellas ya han realizado previamente operaciones de exportación y cinco pertenecen a proyectos de desarrollo local, según refiere un reporte de la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).
Veinte de estos negocios son una reconversión de actividades de trabajadores privados o por cuenta propia -como se conocen en la isla- a la nueva forma de gestión no estatal, mientras que los restantes son de nueva creación.
El Gobierno cubano aprobó el pasado agosto ocho decretos-leyes con los que reconoce y amplía la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia (autónomo) como actores económicos.
Las mipymes cubanas pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta, y se clasifican en: micro empresa -cuyo rango de ocupados es de 1 a 10 personas-, pequeña empresa -de 11 a 35 personas- y la mediana empresa que permite de 36 a 100 personas.
Pueden constituirse desde un solo socio y tener tantos socios como estimen, siempre que cumplan con el número de ocupados establecido en la ley.
Estas empresas no se permitirán en los sectores considerados "estratégicos" para el Estado cubano como salud, telecomunicaciones, energía, defensa, prensa y otros que no están aprobados para los trabajadores autónomos en la isla.
Junto a las mipymes también figuran las cooperativas no agropecuarias, un nuevo actor económico surgido en 2010 tras la ampliación del trabajo privado emprendida como parte de las reformas del expresidente Raúl Castro para "actualizar" el ineficiente modelo centralizado de la isla.