Río de Janeiro, 18 ago (.).- La decisión de uno de los miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), un órgano fiscalizador del Estado brasileño, obligará al Gobierno a aplazar la subasta en la que pretende conceder los derechos para ofrecer el servicio de telefonía móvil 5G en Brasil, inicialmente previsto para octubre.
En medio de una audiencia en la que se esperaba que el tribunal aprobara la licitación propuesta por el Gobierno para subastar las concesiones del servicio de internet de quinta generación, el magistrado Aroldo Cedraz pidió un plazo mayor para analizar el proceso, ya que dijo haber detectado diversas ilegalidades y fallos.
Pese a que la mayoría de los miembros del tribunal ya había votado por la aprobación de la licitación (seis de nueve), la decisión del magistrado divergente obliga al organismo a programar una nueva votación para dentro de al menos unos 60 días, lo que impide que la subasta se realice en octubre y reduce el margen del Gobierno para programarla aún este mismo año.
Cedraz alegó que los técnicos del TCU identificaron varias ilegalidades y debilidades en el proceso y que es necesario que profundicen sus análisis.
Su decisión rompió un acuerdo al que ya habían llegado los miembros del tribunal con el ministro de Comunicaciones, Fabio Faria, para aprobar la licitación este miércoles pese a las recomendaciones contrarias de los técnicos.
Cedraz también rechazó cualquier acusación de que el TCU esté intentando atrasar la implementación del 5G en Brasil.
"(Lo que) No podemos es omitirnos ante las irregularidades identificadas. El verdadero atraso sería permitir que la licitación prosiga en los moldes propuestos, ya que, en ese caso, estaríamos condenando a Brasil a convivir con otros 20 años de servicios de comunicación caros y de baja calidad", alegó.
Los técnicos del tribunal alegan que, como fue propuesta, la licitación puede obligar a los operadores a cobrar altos precios por el servicio 5G en Brasil, además de hacerlos dudar en la inversión por posible inseguridad jurídica.
Los auditores alegan que la exigencia del Gobierno de que las operadoras construyan una red paralela de 5G para uso de los órganos gubernamentales, una condición impuesta por el presidente Jair Bolsonaro supuestamente para impedir que las telefónicas puedan espiar las comunicaciones oficiales, elevará los costos en 2.500 millones de reales (unos 403,8 millones de euros).
Igualmente se oponen a la exigencia del Gobierno de que las operadoras creen una red específica para atender la Amazonía, y alegan que las dos condiciones, además de costosas, son ilegales por no atender el interés público sino intereses de algunos grupos.
El Gobierno esperaba poder hacer la subasta en octubre para que al menos las ciudades capitales contaran con el servicio de 5G en julio de 2022, tres meses antes de las elecciones presidenciales.
Además de permitir una velocidad de download (descarga) veinte veces superior a la actualmente ofrecida por el 4G, la quinta generación ofrece una menor latencia y una conexión más estable.
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) calcula que la subasta puede generar una inversión de entre 33.000 millones y 35.000 millones de reales (entre 5.330 y 5.653 millones de euros).
Después de las capitales, el servicio deberá extenderse a las ciudades con más de 500.000 habitantes, en un proceso que acabaría a comienzos de 2026, cuando se prevé que el servicio llegue a las localidades con menos de 30.000 habitantes.
La subasta del 5G otorgará derechos sobre 4 diferentes bandas de radiofrecuencia (700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHZ y 26 GHz), lo que, por tratarse de un país con dimensiones continentales y un mercado de 212 millones de habitantes, convierte el concurso en uno de los mayores del mundo en el sector.