Lima, 15 abr (.).- La Defensoría del Pueblo de Perú pidió este viernes a Repsol (BME:REP) y al Estado acciones inmediatas para detener los daños medioambientales y socioeconómicos del derrame de crudo ocurrido hace justo tres meses, el pasado 15 de enero, en una refinería operada por la petrolera española en el norte de Lima.
A través de un comunicado, el organismo autónomo alertó sobre la urgencia de acelerar la culminación de las labores de limpieza de las zonas afectadas ya que, hasta la fecha, ninguna playa ha sido oficialmente declarada como limpia.
Aunque Repsol informó de que había terminado con los trabajos de limpieza en 21 de las 46 playas identificadas como afectadas por el vertido de crudo, la Defensoría insistió en que corresponde a las autoridades verificar la información y emitir un pronunciamiento oficial al respecto.
"Resulta sumamente preocupante que aún no se haya concluido con la limpieza de las zonas marino-costeras afectadas, agravando a dicha situación la identificación de zonas que presentan rastros de petróleo y no cuentan con personal para realizar dicha labor", sostuvo la institución.
Asimismo, la Defensoría lamenta que, pasados tres meses desde el accidente, no se ha identificado aún la totalidad de actividades económicas afectadas por el derrame ni del impacto económico causado en los vecinos de la zona, vulnerando el derecho al trabajo de quienes desarrollaban labores como pesca artesanal, acuicultura, turismo, comercio y transporte de mercancías, entre otras.
En marzo pasado, Repsol firmó un acuerdo con el Ejecutivo peruano mediante el cual se comprometía a entregar 3.000 soles (unos 805 dólares) como anticipo de indemnización a pescadores y comerciantes afectados por el vertido.
Hasta la fecha, el organismo público encargado de la fiscalización medioambiental ya ha impuesto cinco multas a Repsol por una cuantía total de 2,3 millones de soles (unos 615.000 dólares) por haber incumplido 5 de las 16 medidas administrativas dictadas, entre ellas la identificación de las zonas afectadas por el derrame, la limpieza, contención y reparación de hidrocarburos.
El vertido ocurrió el 15 de enero, cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba combustible a las tuberías submarinas de la refinería La Pampilla, que opera Repsol en el municipio de Ventanilla, en la provincia limeña del Callao.
Tras el derrame, un juez prohibió la salida del país durante 18 meses a cuatro directivos de Repsol, entre ellos su director ejecutivo en Perú, Jaime Fernández Cuesta, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de contaminación medioambiental.
Más tarde, el magistrado añadió a esta prohibición durante 15 meses al director de Refino de Repsol, Carlos Paiva; el gerente de Producción de Repsol, José Marín Gómez; el gerente de Fiabilidad y Mantenimiento de la refinería La Pampilla, Roberto Wong; y el gerente de Tanques y Terminales, Sebastián Guzmán.