Javier Caamaño
Buenos Aires, 18 dic (.).- El Gobierno de Mauricio Macri ha vuelto a llevar al Congreso argentino una reforma del sistema de pensiones que busca ahorrar ligando la actualización de las mismas a la inflación en vez de a la recaudación, y variando los periodos en los que se incrementan estos subsidios.
Después de que la semana pasada la sesión en la que iba a ser votada tuviese que ser suspendida por los disturbios en la calle y la bronca en el Congreso, el oficialismo argentino intentará aprobar una norma que ha calentado la calle hasta niveles inéditos desde la llegada de Macri al poder a finales de 2015.
El cambio estructural más importante es la fórmula de actualización de las pensiones: hasta ahora, se basaba al 50 % en la evolución de la recaudación del Anses (la Seguridad Social argentina) y en otro 50 % en la de los salarios; mientras que la reforma en curso pasa a conformarse al 70 % por la inflación y el 30 % por los aumentos salariales.
La clave de esta modificación, según explicó a Efe el director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, Víctor Beker, son las previsiones del Gobierno de que la recaudación supere sistemáticamente a la inflación en los próximos años.
El Ejecutivo defiende que, de esta manera, los pensionistas no pierden poder adquisitivo, pero el argumento opositor es que van a dejar de ganar buena parte de lo que estaba previsto.
Sin embargo, el punto más polémico tiene que ver con los plazos de ajuste de las pensiones y sus consecuencias, establecidos hasta ahora semestralmente en marzo y septiembre, y que bajo la nueva ley se producirían cada tres meses en marzo, junio, septiembre y diciembre.
Así, si el aumento de marzo de 2018 se hubiese calculado con los datos del último semestre de este año, los planes de la Casa Rosada lo dejarán en tan solo tres meses.
El cambio en cifras no es menor: si la actualización estaba prevista en torno al 14 %, la nueva fórmula lo dejará en poco más del 5,5 %, un recorte de más de ocho puntos porcentuales sobre el que se harían las futuras modificaciones, acumulando un retraso permanente.
La ley para el cálculo de las pensiones, llamada "reforma previsional", no engloba solo a los jubilados, sino también a otros colectivos como el de los padres con Asignación Universal por Hijo, las personas discapacitadas u otros como los veteranos de la Guerra de Malvinas, con el gran impacto en la opinión pública que implica un recorte de las prestaciones que reciben.
Para compensar la pérdida que supondría el cambio de fórmula -y de paso asegurarse las alianzas que necesita en el Congreso para aprobar la impopular medida-, Macri acordó con sectores de la oposición la concesión de un bono único en marzo para buena parte de los pensionistas.
Esta cantidad iría de los 750 pesos (unos 42 dólares), en el mejor de los casos, hasta los 375 pesos (21 dólares), y se concedería a quienes perciben una pensión inferior a los 10.000 pesos (571 dólares) y a todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que recae sobre los padres de cuatro millones de niños.
En cuanto a los jubilados, la medida de compensación alcanza al 72 % del total, unos 4,9 millones, de los 6,8 que viven en Argentina.