Roma, 3 jul (.).- El ministro de Desarrollo Económico italiano, Luigi Di Maio, afirmó hoy que "las empresas honestas" no deben temer el decreto ley que prevé multas para las empresas con ayudas públicas que se deslocalizan y que limita la contratación temporal.
"Este decreto tutela a los trabajadores honestos, sin dañar a las empresas honestas. Quien no abusa, nada tiene que temer", refirió el también vicepresidente en una rueda de prensa en la que presentó el decreto ley aprobado el lunes por el Consejo de Ministros.
Este "Decreto Dignidad" responde a "la urgente necesidad de introducir medidas que tutelen la dignidad de trabajadores y empresas", para simplificar la fiscalidad laboral y combatir la ludopatía, pues prohíbe publicitar los juegos de azar y apuestas.
En primer lugar se modifica la Reforma Laboral del Gobierno de Matteo Renzi (centroizquierda) al reducir el límite máximo de los contratos temporales de 36 a 24 meses para "limitar el uso de contratos temporales y favorecer la contratación indefinida".
Tras los primeros doce meses, el contrato temporal se podrá renovar solo por un máximo de otro medio año, con la obligación de indicar la causa, y en ese plazo máximo de 24 meses solo se podrá encadenar 4 renovaciones temporales y no 5, como en la pasada legislación.
El coste de cada contrato temporal aumentará en un 0,5 % para el contratante y además se aumenta en un 50 % las indemnizaciones para los empleados despedidos "injustamente", que podrán contar con una compensación por 36 meses de servicio, y no 24 meses como ahora.
"Damos un golpe mortal a la precariedad", celebró el también líder del Movimiento 5 Estrellas, que gobierna Italia desde hace un mes con la ultraderechista Liga.
Por otro lado se aprobaron medidas contra la deslocalización de las empresas que operan en territorio italiano.
Se decreta que aquellas compañías que hayan obtenido ayudas públicas y deslocalicen su producción, también en otros países de la UE, deberán devolver lo obtenido con intereses.
Pero aquellas sociedades con ayudas del Estado que se vayan a un país que no pertenezca a la UE, serán sancionadas con multas de hasta cuatro veces el importe recibido de las arcas públicas.
Para mantener el nivel ocupacional las empresas que reciban ayudas deberán devolverlas, total o parcialmente, en caso de que despidan empleados en los cinco años después de recibirlas, explicó Di Maio.
El decreto incluye la prohibición de publicitar los juegos de azar y las apuestas con premios en dinero con el objetivo de combatir la ludopatía, una enfermedad que según el ministro causa "un gasto sanitario enorme" en el país.
El decreto ha sido criticado por diversos sectores, a los que Di Maio respondió al afirmar que los ataques a su gestión "vienen de quienes han masacrado los derechos sociales en vez de defenderlos" tras gobiernos de izquierdas y de derechas.
La Confederación General de la Industria Italiana criticó sin reservas en un comunicado el decreto, que tachó como "una señal muy negativa para el mundo de las empresas".
Auguró que las nuevas reglas contra la precariedad laboral serán "poco útiles" y su resultado será "menos trabajo, no menor precariedad".