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Doble voto de la acción de lealtad no se usará en 2 años tras aprobarlo junta

Publicado 03.03.2020, 14:02
Actualizado 03.03.2020, 14:15
© Reuters.  Doble voto de la acción de lealtad no se usará en 2 años tras aprobarlo junta

Madrid, 3 mar (.).- El doble voto que otorgará la llamada "acción de lealtad" en las juntas de accionistas de las sociedades cotizadas como premio a la permanencia en el accionariado durante más de dos años no se podrá ejercer hasta pasados, al menos, un par de ejercicios desde su aprobación por los accionistas, según fuentes del Ministerio de Economía.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, que transpone una Directiva europea.

Esta norma, que tendrá que pasar todavía el trámite parlamentario y que modificará varias leyes, como la de sociedades de capital o la del mercado de valores, persigue mejorar la "competitividad de la economía española", la estabilidad accionarial en la sociedades cotizadas y la protección a los inversores minoristas.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, que esta norma tendrá "una importante repercusión en la sostenibilidad de las empresas y en su competitividad".

Para poder ejercer el doble voto que incluye el anteproyecto aprobado hoy, primero tendrá que entrar en vigor la ley y luego ser autorizado por la junta de accionistas y transcurrir al menos un par de años para adquirir la condición de accionista de lealtad. Por ello, será difícil que se pueda aplicar hasta bien entrado el año 2022.

Existen otras condiciones para la instauración de la acción de lealtad: si en la junta de accionistas en la que se proponga participa más de la mitad del capital, tendrá que contar con el apoyo del 60 % de los presentes; pero necesitará el 75 % de los votos si en la junta está representado entre el 25 % y el 50 % del capital. Las empresas tendrán un registro interno de accionistas de lealtad.

Otra de las medidas que incluye el anteproyecto es la supresión de la obligación para las sociedades cotizadas de presentar la información económica financiera trimestral (ya no tendrán que comunicarla si no quieren el primer y el tercer trimestre), con la finalidad de abaratar sus costes, ya que esa exigencia no existe en casi ningún país de Europa.

Así, las sociedades cotizadas solo tendrán la obligación de informar de sus cuentas semestralmente. La sociedades que efectúen emisiones de renta fija estarán exentas de aportar al mercado esta información.

En Economía consideran que, si existe algún problema sobre la marcha de alguna compañía cotizada, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene la capacidad de exigir que aporten esa información financiera, lo que también puede suceder cuando hacen alguna presentación a analistas o a inversores.

Otra de las medidas que incluye el anteproyecto de ley consiste en la obligación de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), básicamente las gestoras de fondos españolas, de informar anualmente sobre su "política de implicación" cuando inviertan en sociedades cotizadas, con la finalidad de que los inversores puedan conocer su "compromiso" a corto o a largo plazo con la compañía.

Además de fomentar con esas propuestas la inversión a largo plazo, la norma también regula algunos aspectos de la Directiva europea sobre los asesores de voto o "proxy advisors", que tendrán que declarar su adhesión o rechazo a un código de conducta e informar si tienen conflictos de interés.

El anteproyecto de ley también busca identificar a los accionistas últimos de las compañías cotizadas mediante la prohibición de que las personas jurídicas puedan ocupar puestos en los consejos de administración (tendrán un plazo para su sustitución) y que se puedan identificar con mayor precisión las operaciones vinculadas, que, dependiendo de su importe en relación con el volumen de activos de la sociedad o de su cifra de negocios, tendrán que ser aprobadas por la junta o por el consejo.

También eleva el importe de las emisiones, de 5 a 8 millones, que están obligadas a presentar folletos informativos y modifica la política de información respecto a las remuneraciones de los consejos de administración para que sea más transparente.

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