Quito, 9 mar (EFE).- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró hoy que su país dará una respuesta "nacional, regional y global" ante los "abusos" que dijo han cometido trasnacionales, sobre todo petroleras, con demandas al Estado en organismos internacionales de arbitraje.
Además, señaló que la nueva Asamblea Nacional, el organismo parlamentario que iniciará sus labores en mayo y que estará controlado por el oficialismo, denunciará o anulará los tratados de protección bilateral de inversiones (TBI) suscritos en el pasado.
Ello porque, según dijo en su habitual informe sabatino, los TBI sólo benefician a las trasnacionales, así como los tribunales de arbitraje internacional que acogen este tipo de demandas de grandes corporaciones.
Puso el ejemplo del caso de la petrolera Occidental (Oxy), que ha demandado a Ecuador por violar supuestamente el TBI con Estados Unidos, aunque el tribunal arbitral que trató el caso reconoció que la compañía violó el contrato que tenía con el Estado ecuatoriano.
Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, se declaró competente de conocer el caso, pese a que no podía hacerlo según el propio contrato firmado por la petrolera, señaló Correa.
La multa que busca cobrar Oxy, con el fallo del tribunal, que el Estado pedirá que se anule, supera los 2.300 millones de dólares, una cifra que podría "quebrar" al país, sostuvo el mandatario.
También se refirió al caso con la petrolera Chevron, que logró que un tribunal de arbitraje de Naciones Unidas fallara contra el Estado por no haber impedido que se aplique una multimillonaria condena contra la compañía en un juicio privado de contaminación ambiental en la Amazonía.
Tras recordar que la función judicial mantiene independencia de poderes en Ecuador, Correa aseguró que el caso Chevron podría también "quebrar al país", pues la cuantía que se discute supera los 19.000 millones de dólares.
Además, explicó que los juicios privados no están amparados en el TBI con Estados Unidos, ya que el juicio ambiental no lo planteó el Estado sino comunidades indígenas y de colonos de la Amazonía, por el daño ambiental dejado en esa zona mientras explotó petróleo entre 1964 y 1990.
Recordó, asimismo, que Texaco, posteriormente adquirida por Chevron, abandonó el país en 1992 y que el TBI con EE.UU. entró en vigor en 1997, por lo que, a su parecer, el tribunal ejerció su fallo de forma retroactiva, lo que es improcedente.
Según Correa, la petrolera ha contratado a más de mil abogados y ha gastado más de 400 millones de dólares "para tratar de evadir sus responsabilidades" con la justicia ecuatoriana.
Culpó a anteriores gobiernos de haber llevado al país a esta situación con la suscripción de este tipo de tratados (TBI) a los que calificó de "neocolonialismo" y "neoimperialismo".
"Rebelémonos, esto es muy grave", añadió Correa al insistir en que la respuesta de su país ante estos "abusos" será en los ámbitos "nacional, regional y global".
"Vamos a establecer una auditoría a los TBI y al sistema de arbitraje. Estas son argollas de negocios", señaló el mandatario ecuatoriano.
Asimismo, dijo que también "habrá respuesta" y una eventual imposición de sanciones a los abusos de las trasnacionales por parte de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
"Por supuesto, sabremos denunciar al mundo el atropello que están cometiendo estas trasnacionales que se han acostumbrado a pasar por encima de países, de sociedades, de dignidades y no entendieron que Nuestra América es diferente y que aquí encontrarán dignidad, soberanía y respuesta a tanto abuso", añadió.
De su lado, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, en el mismo informe sabatino, reveló que dichas compañías petroleras han iniciado una campaña para intentar anular las preferencias arancelarias que gozan las exportaciones ecuatorianas hacia EE.UU.
El canciller dijo que el próximo 22 de abril se efectuará una reunión de la ALBA para tratar el tema. EFE