Madrid, 2 feb (.).- El Ministerio de Educación se reunirá de nuevo la semana que viene con las patronales CEOE y Cepyme y con el sindicato UGT para analizar el informe que han pedido a la Abogacía General del Estado sobre las subvenciones para formación y que previsiblemente estará listo la próxima semana.
Según un comunicado del Ministerio de Educación, el pasado lunes se reunió con los citados agentes sociales para abordar la sentencia del Tribunal Supremo que anula el decreto por el que se les concedieron 30,6 millones de euros en subvenciones para formación.
En el encuentro, las partes acordaron solicitar un informe a la Abogacía General del Estado "para garantizar la seguridad jurídica de las decisiones planteadas" y se emplazaron para analizarlo a la próxima semana.
Para el Ministerio de Educación se trata de una prioridad de país de enorme complejidad por sus dimensiones y que requiere de organizaciones con la implantación suficiente entre las empresas y los trabajadores para su ejecución.
Al término de la reunión, la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, agradeció y puso en valor "el esfuerzo y la responsabilidad social de las entidades colaboradoras en este reto del que dependerá en buena parte el crecimiento y la generación de oportunidades del país".
Subvenciones para formación de 30,6 millones
El Tribunal Supremo anuló esta semana el decreto para mitigar los efectos de la covid y de la guerra en Ucrania de diciembre de 2022 -en el que se concedían 30,6 millones en subvenciones a Cepyme, CEOE y UGT- al entender que en ese momento la vida se desarrollaba ya de forma totalmente normal.
Del total de la subvención, la CEOE recibió 15 millones de euros; UGT, 10 millones, y Cepyme, 5 millones.
En una sentencia fechada el pasado 10 de enero a la que tuvo acceso EFE, la sala de lo contencioso descartó que en diciembre de 2022 se pudiera apelar a la pandemia de la covid y a la guerra en Ucrania, y conceder las subvenciones sin convocatoria pública y de forma excepcional, como sí se hizo en 2020.
Se trataba de subvenciones para la digitalización del sector productivo, en el marco del Plan de Recuperación financiado por la Unión Europea.
El Supremo destaca que el real decreto de 2020 que acordó una primera concesión directa de subvenciones a los mismos tres interlocutores sociales, por la misma cuantía y en el marco del mismo Plan, sí se aprobó en "circunstancias singulares", en plena pandemia de la covid, a falta todavía de vacunas y con restricciones importantes de gran incidencia en la actividad económica.
Pero dos años después esas circunstancias no se daban, prosigue el Supremo, por lo que ha aceptado los argumentos recogidos en el recurso de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes).
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