Madrid, 12 mar (.).- Tres meses después de constituirse en el Ministerio de Vivienda un grupo de trabajo para la regulación de los arrendamientos de temporada y de habitaciones, EH Bildu exige resultados al Gobierno con el fin de conseguir que estén sujetos a las mismas obligaciones y normas que los de vivienda habitual.
Para ello ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que insta al Ejecutivo a regular estos alquileres "mediante las modificaciones legislativas oportunas y ofreciendo las garantías jurídicas necesarias a las instituciones competentes para ello".
La iniciativa, a la que ha tenido este martes acceso EFE, pide que los arrendamientos de temporada se "ajusten estrictamente a su diferente casuística y a la cobertura de la necesidad a la que responden, diferente a la del contrato de vivienda habitual, debiendo quedar esta modalidad de arrendamientos sujetos a las mismas obligaciones y regulaciones que los arrendamientos de vivienda habitual".
En el caso de los contratos de arrendamiento por habitaciones, reclama que "la suma de las rentas por habitación nunca podrá superar el precio máximo de renta estipulado, en su caso, para la misma vivienda en régimen de alquiler completo".
Bildu también quiere que el Gobierno se comprometa a aumentar los medios de control para atajar el fraude que se comete mediante las figuras de arrendamientos temporales y por habitaciones, y que establezca "nuevos mecanismos para facilitar la denuncia y protección de los arrendatarios frente a situaciones fraudulentas o abusivas".
Declaración de emergencia habitacional
Su iniciativa incluye un punto por el que, de aprobarse, el Congreso declararía una "emergencia habitacional", que supondría un llamamiento a todas las administraciones públicas e instituciones a tomar el derecho a la vivienda como eje prioritario de sus políticas y a desarrollar para ello leyes específicas y planes de vivienda ambiciosos.
El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha destacado que el texto insta también al Ejecutivo a publicar, en el plazo máximo de seis meses, el nuevo índice para la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler, "el cual deberá sustituir la referencia al IPC y establecerse por debajo de este, acorde al objetivo de contención de precios" de la ley de vivienda.