Por Dominique Vidalon y Gregory Blachier
PARÍS (Reuters) - La controversia surgida acerca del peaje en las autopistas francesas entre el Gobierno galo y los operadores privados está causando una incertidumbre que pone en riesgo la financiación de otras actividades de Eiffage, una de las empresas afectadas, dijo el miércoles su máximo responsable, Pierre Berger.
"Los inversores nos dicen que vamos a esperar a ver qué va a hacer el Estado francés. No estamos seguros de que podemos continuar con Vds. .. El impacto es enorme ... Todas las actividades que requieren inversión privada se ven afectadas", dijo Berger a la emisora de radio BFM.
Las acciones de Eiffage bajaban un 0,67 por ciento a primera hora de la tarde, a 39 euros, tras haber caído un 14 por ciento desde la publicación de un informe del regulador sobre el mercado de autopistas el pasado 18 de septiembre, en el que se afirmaba que Eiffage y los demás operadores de autopistas estaban ganando demasiado.
El gobierno socialista, actualmente en cotas mínimas de popularidad, dijo reiteradamente que los contratos firmados con los operadores son demasiado generosos y señaló que estudiaba crear un nuevo regulador para las autopistas de peaje.
Las declaraciones efectuadas por Berger el miércoles encontraron su respuesta en un informe parlamentario, publicado unas horas más tarde, que aconsejó al Estado cancelar los contratos vigentes, aumentando la presión para que el Gobierno actúe después de que un ministro dijera esta semana que habría que congelar los peajes e implantar un impuesto adicional para el sector.
El informe dijo que estaba en el interés de la sociedad cambiar un sistema que beneficia a los concesionarios.
Los operadores, entre los que figuran Vinci, el grupo australiano Macquarie y Abertis, negaron haber aplicado precios demasiado elevados. También dijeron que sus beneficios son menores de lo que dice el Gobierno.
En Madrid, el consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, dijo que el grupo confiaba en que se cumplieran los contratos existentes. "No tenemos ninguna duda de que el Estado francés va a respetar los contratos de concesión."
La ministra de Medio Ambiente francesa, Ségolène Royal, pidió el martes una congelación del peaje en 2015 y planteó la opción de recaudar 1.000 millones de euros a través de un impuesto.
No obstante, el margen de maniobra del gobierno resulta limitado ya que los operadores están protegidos por acuerdos que estipulan que deben ser compensados por cualquier cambio en los contratos, que en algunos casos no vencerán antes de 2035.
Los operadores de autopistas podrían aceptar una ralentización del ritmo de aumentos del peaje si como contrapartida obtendrán más tiempo para recuperar su inversión, dijo Berger.