Madrid, 8 abr (.).- El 75 % de los pequeños arrendadores en España estarían dispuestos a aceptar medidas intervencionistas, como las que propugna Unidas Podemos para limitar los precios del alquiler, si a cambio se agilizaran los procesos de desahucio para recuperar sus viviendas lo antes posible en casos de impago.
Así lo refleja un estudio elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler a partir de 809 entrevistas realizadas principalmente en Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana a caseros con al menos una propiedad arrendada.
Aunque la intervención del Estado en el mercado del alquiler no gusta al 60 % de los propietarios, que cree que esto frenaría la oferta de viviendas, el estudio indica que lo aceptarían si a cambio son compensados con un mayor apoyo de las instituciones públicas ante un impago, con la posibilidad de consultar antecedentes de morosidad de los demandantes o con la oportunidad de exigir a estos más garantías.
Además, un 67 % aceptaría medidas intervencionistas si a cambio mejorase su fiscalidad.
PERFIL DEL ARRENDADOR
Según este estudio, el perfil del arrendador en España es el de un hombre (54 % hombres y 46 % mujeres) de 54 años con estudios superiores y unos ingresos medios cercanos a los 42.000 euros brutos anuales, que dispone de una única vivienda para alquilar (88 %).
En casi el 84 % de los casos los alquileres se destinan a uso residencial y en cerca del 18 % a alquiler vacacional.
El principal motivo por el que alquilan es rentabilizar las inversiones (45 %), aunque también tiene un peso importante la necesidad de ingresos adicionales (42 %), especialmente en Andalucía, donde esa razón destaca por encima del resto (57 %).
La mayoría de los propietarios gestionan el alquiler directamente, mientras que el 33 % prefiere hacerlo a través de una agencia intermediadora o de una empresa que gestione el alquiler y garantice su pago; un porcentaje que sube al 46 % en la ciudad de Madrid.
CONGELACIÓN DE RENTAS
Sobre la congelación de rentas planteada por Unidas Podemos en la negociación de la ley de vivienda que empezaron hace tres meses los socios del Gobierno, los resultados señalan que un 66 % de los propietarios estaría de acuerdo en apoyarla durante cinco años si pudiera recuperar su vivienda en dos meses cuando exista impago de rentas.
No obstante, solo el 34 % considera que esa medida sería beneficiosa para bajar los precios, que un 62 % de los arrendadores admite que son altos o muy altos.
Para bajarlos, el 78 % apuesta por agilizar el pago de los desahucios por impago de renta, el 67 % cree también que es necesario aumentar la oferta pública de vivienda en alquiler y el 41 % considera que hay que intervenir los precios.
CESIÓN DE GRANDES TENEDORES
Entre las posibles soluciones, el 55 % está de acuerdo con que los grandes tenedores deberían poner a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social.
En la presentación del informe, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, ha advertido de que, si el Gobierno quiere que la ley de vivienda que está preparando sea justa y equitativa, tiene que incorporar las opiniones de los propietarios particulares, que suponen más del 85 % de los arrendadores en España.
A su juicio, estos han visto de forma negativa el decreto ley que suspendió los desahucios sin alternativa habitacional durante el estado de alarma.
Según el estudio, un 68 % de los propietarios está convencido de que este decreto va a provocar una gran inseguridad a los inversores y un 65 % lo ve como una incentivación a la ocupación.
La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha señalado que los resultados del estudio son "toda una declaración de intenciones de los pequeños propietarios para dialogar con el Gobierno".