Avilés, 18 ago (.).- El administrador judicial de las fábricas de Alu Ibérica en Avilés y A Coruña, Ramón Juega Cuesta, ha trasladado a la plantilla su intención de hacer un requerimiento a Alcoa (NYSE:AA), la antigua dueña de la planta, para que abone las deudas e impagos que tiene contraídas con sus trabajadores.
El administrador, nombrado por la Audiencia Nacional, está valorando también algunas opciones para "minimizar el impacto de la inactividad en la plantilla", según ha trasladado al comité de empresa de la fábrica avilesina, con el que se ha reunido este miércoles y al que ha dicho que está trabajando a "marchas forzadas", ya que lleva poco tiempo en este cargo.
Lo primero de todo, según ha comentado el comité de empresa en un comunicado, es que pueda tener acceso y control a toda la documentación para poder reconstruir la contabilidad de la planta, ya que la más reciente de que dispone es del año 2018.
El equipo que dirige el administrador judicial se está dirigiendo a los clientes, proveedores y entidades bancarias de Alu Ibérica, con el objetivo de elaborar un informe, “tratando de proteger los derechos de los trabajadores”.
Para el comité de empresa, las primeras sensaciones no dejan de ser preocupantes porque se debe dinero a proveedores, clientes y plantilla, aunque la nueva administración confía en poder tener pronto una visión de la fábrica para poder dar soluciones a los problemas, que es lo prioritario en este punto del proceso.
Ambas partes han quedado emplazadas para la primera semana de septiembre en la que la administración judicial espera poder dar un informe sobre la situación real de la empresa.
En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que comenzó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas.
La compañía justificó entonces su decisión en los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer grandes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.
Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica, sin informar previamente al Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la representación de la plantilla, que acusan a la entidad empresarial de carecer de un proyecto industrial solvente.
El Grupo Industrial Riesgo está siendo investigado por el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional por su gestión, que obligó al nombramiento de un administrador judicial.
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