Madrid, 29 jun (.).- La reciente entrada en vigor del real decreto sobre la certificación de eficiencia energética de edificios ha supuesto un "jarro de agua fría" para el sector del alquiler vacacional, que se enfrenta a sanciones de entre 300 y 6.000 euros si no cumple la normativa.
"La obligatoriedad de que las viviendas de alquiler vacacional deban disponer de un Certificado Energético supone un jarro de agua fría para el sector, que por segundo año consecutivo se enfrenta a una temporada alta muy limitada y condicionada por el Covid-19", ha denunciado la directora de Rentalia (plataforma vacacional de idealista), Almudena Ucha.
El pasado 2 de junio entró en vigor el real decreto que actualiza las condiciones técnicas y administrativas del proceso para la certificación energética de los edificios, con el objetivo de la descarbonización en 2050, y que amplía el parque de edificios obligados a tener una certificación de eficiencia energética.
Desde entonces, todos los propietarios están obligados a anunciar su vivienda de alquiler vacacional con el certificado energético y a incluirlo en los contratos de arrendamiento, al igual que en los de compraventa.
El INE calcula que en España hay actualmente cerca de 295.000 viviendas de uso vacacional, por lo que en Rentalia consideran que una medida de este impacto debería contar con un "plazo razonable para que la oferta pueda adaptarse".