Óscar Tomasi
Lisboa, 11 abr (EFE).- En el último suspiro. Los mayores accionistas del Banco Portugués de Inversión (BPI) (LS:BBPI) sólo llegaron a un acuerdo sobre cómo deshacerse de su división en Angola y sortear la sanción de Bruselas instantes antes de que expirara un plazo que arrancó 481 días antes, reflejo de la dificultad de la negociación.
El español Caixabank (MC:CABK) y la angoleña Isabel dos Santos anunciaron anoche, a las 23.00 (hora local), la existencia de consenso, aunque todavía falta que ambas partes expliquen en qué consiste exactamente la operación, de la que por el momento no se conoce ningún tipo de detalle.
Que el BPI tenía que desprenderse de su participación mayoritaria en el Banco de Fomento de Angola (BFA) era sabido desde el 16 de diciembre de 2014, cuando el Banco Central Europeo (BCE) obligó a las entidades bajo su supervisión a reducir su exposición al país africano por considerar que su sistema de control no es equivalente.
Poco después, en febrero de 2015, el Caixabank decidió lanzar una OPA para hacerse totalmente con el BPI, la quinta mayor entidad financiera del país por volumen de activos y de la que ya posee el 44,1 % de los títulos.
Pese a que su participación es más del doble que la que posee el segundo mayor accionista, la angoleña Dos Santos (18,6 %), en la práctica su poder es prácticamente el mismo, ya que existe una limitación en el seno de la entidad del 20 % en los derechos de voto.
La condición indispensable para proseguir con su OPA fue, precisamente, la supresión de este límite, lo cual fue bloqueado por la inversora africana, considerada la mujer más rica de todo el continente.
El Caixabank desistió de seguir adelante con su propuesta ese mismo verano. La contraoferta de Dos Santos, que planteó una fusión con el Banco Comercial Portugués (LS:BCP), tampoco salió adelante y el dossier se zanjó sin acuerdo, a sabiendas de que tendría que ser retomado posteriormente.
Los meses pasaban y el asunto se mantuvo en un discreto segundo plano hasta finales de año, cuando el consejo de administración del BPI anunció que sometería a votación entre sus accionistas escindir los activos portugueses de los angoleños.
Nuevamente Dos Santos -con diversos intereses en Portugal e hija del presidente de su país durante más de tres décadas- impidió que la propuesta fuera aprobada con los dos tercios necesarios a principios de febrero.
Ahí se encendieron todas las alarmas en el país, con la intervención de los diferentes públicos incluida. El BPI se arriesgaba a ver penalizados sus ratios de solvencia y a tener que pagar una multa diaria de en torno a 140.000 euros, con el consecuente riesgo para la estabilidad del sistema financiero.
Los dos principales accionistas del banco retomaron las conversaciones a contrarreloj y lo hicieron público a principios de marzo, con la salida de Dos Santos del accionariado del BPI -ya sea parcial o totalmente- a cambio de hacerse con el control total de la división angoleña como principal hipótesis.
La negociación incluyó incluso un encuentro personal entre el presidente de Caixabank, Isidro Fainé, y la propia Isabel dos Santos en una estación de esquí para intentar acercar posturas, de acuerdo con diferentes medios lusos.
La discusión se produjo en un momento especialmente sensible para la banca portuguesa, inmersa en un proceso de consolidación que tiene abiertos varios frentes con españoles y angoleños como grandes protagonistas.
El banco catalán informó de la ruptura de las conversaciones el pasado 24 de marzo, lo que añadió todavía más tensión al proceso.
Tanto el Gobierno portugués, de signo socialista, como el jefe del Estado, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, mediaron para contribuir a que ambas partes alcanzasen un consenso. Aunque fuera, como ocurrió, en el último momento.