Lisboa, 23 ago (.).- El Banco Portugués de Inversiones (LS:BBPI) (BPI) anunció hoy que presentó alegaciones contra la medida cautelar que bloqueó en julio la eliminación del límite a los derechos de voto, esencial para que el banco español Caixabank (MC:CABK) controle el BPI.
"El Banco BPI informa que ya alegó su oposición (a la cautelar), estando a la espera de la decisión del tribunal", dijo el banco en un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) de Portugal.
El accionista portugués Violas Ferreira Financial (VFF), que controla el 2,68 % del BPI, bloqueó, el pasado 22 de julio, la asamblea de accionistas en la se iba a votar un cambio en los estatutos del banco, que limitan a un máximo del 20 % los votos de cada accionista, independientemente del volumen de títulos que se tengan.
Debido a esta medida aceptada por el juez, Caixabank propuso la suspensión de la asamblea -en la que estaban presentes el 85 % de los accionistas- para que fuese retomada el próximo 6 de septiembre.
El Holding Violas Ferreira también ha contestado judicialmente el nombramiento de Carlos Osório de Castro como presidente de la mesa de la asamblea general de accionistas del banco, considerada otra maniobra para impedir que se retire el límite de voto que abre la puerta para el control de Caixabank.
"Pedimos la no aplicación de la providencia cautelar requerida" por Violas Ferreira, defendió el BPI, el quinto mayor del país.
Esa supresión del blindaje de los derechos de voto es una de las condiciones de la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el español CaixaBank en abril de este año, el segundo intento de la entidad catalana para hacerse con el control del BPI.
CaixaBank, principal accionista con el 45,16 % del capital, presentó una opa sobre la totalidad de las acciones del BPI que incluye como condición que se modifiquen los estatutos del banco, que limitan a un máximo del 20 % los votos de cada accionista.
Esta limitación otorga a CaixaBank un poder de decisión similar al del segundo mayor accionista, la multimillonaria angoleña Isabel Dos Santos, que tiene el 18,6 % del capital.
Holding Violas Ferreira, dueño de una participación del 2,68 % y el mayor accionista de capital portugués, ha hecho pública en varias ocasiones su oposición a cambiar los estatutos del banco.
Además, el Gobierno portugués aprobó hace dos meses un decreto-ley que obliga a las entidades financieras a revisar el blindaje de los derechos de voto al menos una vez cada cinco años, que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
La norma establece igualmente que los bancos que ya incluyen esa limitación en sus estatutos, como es el caso del BPI, deberán someterla a votación antes de que acabe este año.