Por Mercedes Salas
Madrid, 10 abr (.).- La entrada en vigor de las contrataciones previstas en la reforma laboral preocupa a muchos agricultores, en un sector marcado por el clima y por una fuerte temporalidad, pero el Gobierno y los sindicatos defienden la oportunidad para favorecer el empleo estable y de calidad.
Las organizaciones agrarias insisten en las dificultades para aplicar la reforma, por la limitación de los contratos temporales, mientras que el Ministerio de Trabajo asegura que la estacionalidad "no está reñida con la calidad" y que la nueva regulación permitirá a los empresarios agrícolas igualarse a sus homólogos europeos en sus negocios.
El 1 abril acabaron los tres meses de plazo transitorio fijados en la reforma para la mayoría de los aspectos sobre el nuevo marco de contratación.
Para la agricultura, es un punto clave la conversión de trabajadores en fijos-discontinuos, ya que según la reforma el contrato temporal se limitará a circunstancias de la producción, para situaciones previsibles y de duración delimitada -como las cosechas- y para un máximo de 90 días.
En un año se hacen unos dos millones de contratos temporales aproximadamente, según fuentes del sector, que temen las consecuencias negativas de eliminar las contrataciones eventuales.
La afiliación media a la Seguridad Social en agricultura, ganadería y pesca ascendió a 1.091.973 personas el pasado mes de marzo.
¿CONSIDERA LA REFORMA LA SITUACIÓN DEL CAMPO?
Los representantes de las organizaciones Asaja y COAG han criticado, en declaraciones a Efe, que en la reforma no se haya tenido en cuenta la situación del sector, mientras que UPA aboga por “darle una oportunidad”.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social defiende que sí se han tenido en consideración tales particularidades.
“Esta reforma ha dado cabida a las necesidades de contratación de actividades de carácter estacional o vinculadas a actividades de temporada (...) y para hacerlas compatibles con la protección de las personas trabajadoras y el empleo estable, mediante mecanismos de contratación adecuados para el ámbito agrario", según han declarado a Efe fuentes del Ministerio de Trabajo.
En ese sentido, han recordado que el segmento agrario está exento de la cotización adicional aplicable en los contratos inferiores a 30 días.
“La reforma laboral supone avanzar en el empleo digno, en la estabilidad y en la competencia leal. Va a permitir a los empresarios españoles del sector compararse con sus homólogos europeos en profesionalización y estabilidad de sus negocios”, según Trabajo.
La tasa de temporalidad en la agricultura española es del 50 %, “duplica la media y está muy por encima de los países del entorno europeo, que ronda el 25 %”, de acuerdo con Trabajo.
Entre febrero de 2020 y febrero de 2022 la contratación indefinida en el sector ha aumentado un 162,7 %, mientras que en el primer trimestre del este año se han firmado 68.561 contratos fijos, con una variación interanual de un 127,1 %, según la misma fuente.
TEMORES EN LAS EMPRESAS AGRÍCOLAS
El director general de Asaja, Juan José Álvarez, ha manifestado que el tope de 90 días no es suficiente y que la reforma tendrá unos “costes añadidos” a la difícil situación por el alza de costes y la guerra de Ucrania.
Álvarez ha expresado su temor por una reducción del empleo en la agricultura, una actividad esencial “que no funciona como una fábrica de tornillos”; por ello, ha solicitado que la cifra de 90 días se pueda ampliar a los 120 días.
El responsable de relaciones laborales de COAG, Andrés Góngora, ha explicado que la primera prueba será la campaña de frutas y de hortalizas de primavera.
“No compartimos la norma de eliminar prácticamente los eventuales, muchos contratos ahora que pueden ser de obras y servicios se quedarían sin efecto”, según Góngora, quien ha señalado que faltan aclaraciones en aspectos como los días prorrogables o la demostración de las “llamadas” a personas contratadas en el pasado y que no están ya disponibles.
POR UNA REFORMA SIN ALARMISMOS
La vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, ha reconocido que para las explotaciones familiares la dificultad es ajustar los contratos a imprevistos como una helada, que echan por tierra la cosecha de fruta de una comarca.
Pero Cortiñas se ha inclinado por encarar la reforma sin alarmismos, y por contribuir a que haya una mano de obra agrícola “profesionalizada”, formada, que se vaya pareciendo más a otros sectores económicos “más modernos”, y con salarios más altos.
Para UPA, cualquier avance debe ir ligado a la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a cubrir el coste de producción en la fijación de los precios pagados por industria y distribución a los agricultores.
Por su parte, el secretario estatal del sector agroalimentario de UGT-FICA, Sebastián Serena, ha confiado en que los empresarios apliquen la reforma, que contribuirá a "reducir la precariedad".
Pero Serena ha reconocido que el campo tiene problemas ajenos a esta normativa y retos como completar la integración laboral agraria en la Seguridad Social y “equiparar las prestaciones” de los trabajadores del campo a los de otras actividades.
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 12650182 y otros)