Barcelona, 10 may (.).- El economista y presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha propuesto este lunes fijar "misiones de país" como vehículo para impulsar la innovación, es decir, lograr "algo concreto" a partir de "propósitos ambiciosos".
Así se ha expresado Costas en el marco del ciclo de conferencias "El Progreso en el siglo XXI", impulsado por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball, un encuentro que ha compartido junto a la exministra de Ciencia e Innovación y presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia.
Costas ha propuesto avanzar a partir de "misiones", según definición de la economista Mariana Mazzucato, y ha puesto como ejemplo de ello las fondos europeos, que han conllevado una "revolución administrativa" en el seno de la Administración General del Estado.
"Cuando aparece un objetivo mayoritariamente compartido, esa misión puede tener una gran eficacia en la transformación de la organización", ha defendido.
Garmendia ha señalado, a su vez, que en materia de ciencia e investigación existe entre los partidos políticos "una base programática que daría para un pacto de Estado", a diferencia de en otras cuestiones.
Ha subrayado asimismo que, según un análisis de la Fundación Cotec, el sector privado invierte ahora un 8,5 % más que hace una década en investigación y desarrollo, pero lo hace con 2.500 empresas menos, lo que muestra las dificultades que tienen las pequeñas y medianas empresas para destinar recursos a esta materia.
Ha señalado otro problema: que la inversión en I+D que se lleva a cabo en España luego rinde económicamente, en muchas ocasiones, fuera de sus fronteras, por ejemplo en el NASDAQ-100, índice bursátil estadounidense.
Costas ha animado también a dejar de usar conceptos como "pactos de Estado" o "colaboración público-privada", "tan gastados" que han perdido su significado inicial.
Por otra parte, ha avisado que el sector público, a diferencia del privado, no solo debe mirar por la mayor eficiencia posible, sino que también se debe "legitimar" ante la ciudadanía, puesto que el dinero que usa "es de todos".
"Eso hace que los procedimientos de las administraciones públicas -de las democracias- sean siempre un poco más engorrosos que en el sector privado", ha resumido.