Madrid, 6 oct (.).- El reparto de competencias, que concede a las comunidades y los ayuntamientos capacidad de decisión en materia vivienda, anima a la rebelión de distintos gobiernos autonómicos y municipales, fundamentalmente del PP, contra la ley de vivienda anunciada por el Gobierno.
Menos de 24 horas después, todavía sin conocer los detalles, el presidente del PP, Pablo Casado, ha avanzado que su partido recurrirá la futura ley ante el Tribunal Constitucional, como hizo hace un año con una similar aprobada en Cataluña; la ha calificado de "comunista" y ha dejado claro que no se aplicará en las comunidades y en los ayuntamientos gobernados por su formación.
Ante este rechazo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha advertido a las comunidades reacias a la ley de vivienda que si no la aplican "perjudicarán" a todos, tanto propietarios como inquilinos, porque no podrán acogerse a los beneficios y bonificaciones fiscales que ofrece.
.PETENCIAS AUTONÓMICAS Y DEL ESTADO
El Ejecutivo ha admitido desde el primer momento que "la ley tiene en cuenta las competencias de cada administración", como dijo el propio Bolaños tras el Consejo de Ministros, de modo que, por ejemplo, son las comunidades las que deberán solicitar al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado -en las que se aplicará la regulación de precios- y los ayuntamientos los que podrán habilitar, o no, el recargo del IBI para las viviendas vacías.
Como indicó el Gobierno en una respuesta parlamentaria en julio de 2018 (siendo ya ministro de Fomento José Luis Ábalos), "la competencia en materia de Vivienda en España la han asumido constitucionalmente en exclusiva todas las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla", aunque el Gobierno interviene en esta materia gracias a sus atribuciones exclusivas en relación con la garantía de la igualdad de los españoles o la planificación económica, entre otras.
En ese equilibrio, el Tribunal Constitucional ha oscilado a lo largo de los años pronunciándose a favor de la preeminencia de unas u otras competencias en las diversas ocasiones en que ha tenido que pronunciarse sobre medidas adoptadas por las administraciones para atajar problemas relacionados con la vivienda.
RECHAZO DE LAS .UNIDADES DEL PP Y AVISO DE CATALUÑA
Aunque las reticencias han surgido con fuerza en las comunidades y ayuntamientos del PP, también la Generalitat de Cataluña ha expresado sus dudas y la consellera catalana de Derechos Sociales, Violant Cervera, ha advertido este martes al Gobierno que si la ley "invade competencias", el Govern la recurrirá ante el Constitucional.
Lo mismo hará la Comunidad de Madrid, que ya ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad al considerar que la ley "atenta directamente" contra su Estatuto de autonomía, como ha señalado la consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Paloma Martín.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este martes contra el Gobierno por no haber remitido a su comunidad un borrador de la ley de vivienda, aunque ya ha dicho que de lo que sabe por los titulares de prensa "no se desprende nada bueno ni para inquilinos, ni para propietarios".
Como la Generalitat y Feijóo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recordado al Gobierno que las comunidades tienen las competencias, si bien en una primera valoración ha calificado la futura ley como "claramente intervencionista" y ha vaticinado que repercutirá negativamente en el mercado.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado la nueva iniciativa, que ha calificado de "políticas intervencionistas de Sánchez".
A través de un mensaje en sus redes sociales, Fernández Mañueco ha pedido que las comunidades sean "tenidas en cuenta" y ha añadido que su apuesta es "incentivar, fomentar y ayudar a las personas con dificultades".
A su vez, el presidente de Murcia, el también popular Fernando López Miras, la ha considerado "una ley expropiadora", "comunista" e "intervencionista" y ha adelantado que no la aplicará.
APOYO DE LAS .UNIDADES SOCIALISTAS
Por el contrario, la iniciativa del Gobierno ha recibido el aplauso de los gobiernos autonómicos socialistas, como el valenciano, que por boca de su vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, ha calificado de "valientes" las medidas acordadas.
El consejero canario de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha asegurado este miércoles que "si se habilitan mecanismos para regular precios en algunas zonas concretas", Canarias va a utilizarlos; mientras en Castilla-La Mancha, la portavoz del Gobierno regional y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha señalado que la ley será "muy útil", aunque en su comunidad "afortunadamente" no hay esas "tensiones de mercado".
MUNICIPIOS, A FAVOR LOS DE IZQUIERDA, EN CONTRA LOS DEL PP
En el principal ayuntamiento gobernado por la izquierda, su alcaldesa y líder de los comunes, Ada Colau, ha celebrado el acuerdo en el seno del Gobierno sobre la Ley de Vivienda porque "beneficia a la mayoría social" y "no es malo para la propiedad".
El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), ha dicho estar "encantado" hasta el extremo de que hoy mismo se quiere dirigir al conseller de Vivienda, Héctor Illueca, para pedirle que ponga en marcha el reglamento por si puede "aplicarlo este mismo año".
El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Abel Caballero, ha saludado "con mucho agrado" el acuerdo y, aunque quiere esperar a leer "la letra pequeña", considera que "las decisiones van en la muy buena dirección".
En Gijón, el equipo de gobierno del PSOE ha avanzado que está a favor de establecer un recargo en el IBI para favorecer que aflore la vivienda vacía; y en Logroño, su alcalde, el socialista Pablo Hermoso de Mendoza ha dicho a Efe que no conoce los detalles de la ley pero "no es mala noticia" que los ayuntamientos puedan favorecer el alquiler de las viviendas vacías.
En cambio, el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ha descartado aprovechar la posibilidad que ofrecerá la nueva ley para incrementar la carga fiscal mediante una subida del IBI.
La rebelión del PP tiene su eco en los ayuntamientos, incluida la capital, donde su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha garantizado este martes que no subirá el IBI en la capital pese a que lo autorice la ley.
El alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, ha vaticinado que esta iniciativa "no va a dar buenos frutos" y "va a generar importantísimos problemas de seguridad jurídica"; mientras que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma), ha dicho a Efe que es un "ataque a la propiedad privada"; y el de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que no aplicará una subida que cree "salvaje".
El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV), reconoce que aún es pronto para valorar este pacto, aunque ha recordado que están en un "estadio mucho más avanzado", con un impuesto que penaliza las vivienda vacía con un 100 %; en tanto que el Ayuntamiento de Vitoria ya ha avisado de que no tiene intención de aplicar un recargo en el IBI a las viviendas vacías.
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