Avilés, 4 may (.).- El comité de empresa de la fábrica de Alu Ibérica de Avilés (Asturias) ha pedido este martes la intervención del Gobierno de España, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de las antiguas alumineras de Alcoa (NYSE:AA) en Galicia y Asturias.
Es la primera reacción sindical ante la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid de decretar la intervención judicial de Alu Ibérica, la sociedad propietaria de las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés, que suman cerca de 700 empleos.
En la resolución judicial, el juzgado indica que la medida solicitada por el Ministerio Fiscal el pasado 12 de marzo, respecto a la adopción de medidas cautelares solicitadas por los querellantes, “se advierte como la más adecuada y proporcionada en este momento procesal” y designa como administradores judiciales a funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Intervención General de la Seguridad Social.
Tanto el presidente del comité de empresa de la fábrica de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, de CCOO, como el máximo responsable de la sección sindical de UGT, Daniel Cuartas, han coincidido en aseverar que este paso judicial les da la razón en todos los argumentos que vinieron esgrimiendo contra el proceso de venta de las alumineras.
En declaraciones a Efe, también han coincidido ambos sindicalistas en considerar que el Gobierno “se tiene que mojar” y decidir intervenir las fábricas a través de la SEPI.
De momento, ha indicado Gómez de la Uz, van a ser cautos porque desconocen las capacidades que tienen los interventores.
No obstante, lo que sí es cierto, ha indicado el presidente del comité de empresa, es que la fábrica va a estar tutelada y eso significará que, tarde o temprano, se conocerá la situación financiera de la compañía.
Daniel Cuartas también se ha mostrado cauteloso, sobre todo, porque desconoce si se va a ejercer el derecho a recurso, aunque ha insistido en la intervención de la SEPI.
El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional mantiene una investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, en torno a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las factorías alumineras.
La querella fue interpuesta por la Confederación de Cuadros Profesionales (CCP) contra las citadas empresas por blanqueo de capitales, insolvencia punible y otros delitos.
En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas.
Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica, sin informar previamente al Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la representación de la plantilla.
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