Madrid, 8 mar (.).- El pleno del Congreso previsiblemente aprobará el jueves la ley que va a derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que penaliza con hasta tres años de cárcel a los piquetes que coaccionen en una huelga, una ley a la que se han opuesto el PP y Vox, que llegó a pedir que se doblaran las penas.
La intención de Vox ha sido volver al Código Penal de 1995, mientras que el PP ha querido que la norma se quedara como estaba desde que en 2015 el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy reformó dicho artículo para rebajar las penas a la mitad.
La ley suprimirá el apartado 3 del artículo 315 de Código Penal que establece penas de prisión de entre un año y nueve meses hasta tres años, y multas de 18 y 24 meses, para aquellas personas que "actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga".
Además añade una disposición transitoria para que "los jueces o tribunales procedan a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad a la legislación que se deroga".
Durante el reciente trámite en la Comisión de Trabajo se ratificó el dictamen de la ponencia y se rechazaron las enmiendas presentadas por el PP, cuya intención era impedir la derogación del 315.3, así como la formulada por el PNV, que pedía una modificación del artículo en lugar de su eliminación.
La norma emana de una proposición de ley del PSOE que ya fue presentada en la anterior legislatura por Unidas Podemos y que llegó a iniciar su trámite, aunque finalmente decayó al convocarse elecciones.
Previamente lo había solicitado ERC a través de una proposición no de ley en 2016, que transaccionó con el PSOE y salió aprobada en la Comisión de Empleo con el apoyo de todos los partidos políticos a excepción del PP.
ANTECEDENTES: JUICIO DE "LOS OCHO DE AIRBUS"
La supresión del 315.3 se convirtió en una de las principales reivindicaciones de los sindicatos mayoritarios después de que cerca de 300 sindicalistas fueran procesados por delitos contra los derechos de los trabajadores por su actuación durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
El epítome de esos procesamientos fue el juicio contra los llamados "ocho de Airbus (PA:AIR)", sindicalistas de CCOO y UGT que fueron detenidos por los altercados que se produjeron a las puertas de la factoría aeronáutica el día del paro general.
Los ocho fueron absueltos por falta de pruebas que acreditaran su culpabilidad tras el juicio que se celebró en febrero de 2016 y del que se acaban de cumplir cinco años.
Este proceso adquirió una especial significación política porque se consideró un ataque al derecho de huelga derivado de una legislación de tintes franquistas, según denunciaron en su momento partidos como PSOE, Podemos o IU.