Madrid, 27 ene (.).- La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado que el próximo martes, 1 de febrero, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda en segunda vuelta y lo enviará al Congreso para su tramitación parlamentaria.
En declaraciones a Efe, Raquel Sánchez ha asegurado que en el informe que ha aprobado esta mañana el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no se observan comentarios que hagan dudar de la validez y solvencia jurídica que siempre hemos defendido de este anteproyecto".
"Analizaremos el informe, pero habrá ley de vivienda, y quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y firmeza: la llevaremos a la aprobación del Consejo de Ministros el próximo martes", ha afirmado la ministra, tras recalcar su seguridad de que "la ley respeta las competencias de las comunidades autónomas, salvaguarda y protege el derecho a la vivienda y es compatible con el derecho a la propiedad".
La ministra ha enmarcado el informe crítico del poder judicial dentro de la "reacción de la derecha, que era de esperar, porque ya ha pasado en otras ocasiones".
En esa línea, ha argumentado que los avances sociales en España "siempre han sido gracias a los gobiernos socialistas, mientras que la derecha siempre ha reaccionado en contra, aunque luego se ha sumado a los avances".
"Seguiremos defendiendo a los ciudadanos y esta ley saldrá adelante", ha recalcado, tras equiparar la ley de vivienda con la ley del aborto, la de la eutanasia y la del matrimonio igualitario.
La ministra ha incidido en que el informe no vinculante del CGPJ era preceptivo para que se pronunciara sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo referido a los desahucios y en que, sobre eso, en concreto, no contiene "ninguna consideración que haga cuestionar algún articulo".
A su juicio, aunque el poder judicial "puede emitir las valoraciones que quiera, a lo que hay que ceñirse es a eso".
"Queda muy claro que el CGPJ debía pronunciarse sobre tres cuestiones determinadas de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los desahucios, pero en el informe hay otro tipo de consideraciones que escapan la valoración técnico jurídica y van más allá, y esa no es la misión que tenia el CGPJ", ha criticado.
Unas consideraciones con las que el gobierno "discrepa" y que no ayudan, en su opinión, al "reconocimiento del prestigio de una institución cuyo mandato lleva más de tres año caducado".
Por ello, la ministra ha vuelto a apelar al PP "en la necesidad y obligatoriedad de renovar un órgano que la Constitución establece que hay que renovar cada cinco años".