Madrid, 9 ago (.).- El riesgo de "quiebra definitiva" y el perjuicio que esta situación podría generar a los clientes de la aerolínea han sido los detonantes para que la Justicia haya acordado desbloquear los 34 millones de euros restantes del rescate público a Plus Ultra, paralizados desde finales de julio por orden de la juez.
Tres semanas después, el magistrado Jaime Serret, en funciones de sustitución del juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, ha levantado este lunes el bloqueo a este dinero, avalando así los argumentos de la Fiscalía de Madrid y la Abogacía del Estado, contrarias a la suspensión cautelar de la ayuda.
LA ORDEN DE SUSPENSIÓN DEL JUZGADO
Dicha medida fue adoptada por la titular del juzgado, Esperanza Collazos, en la investigación por presunta malversación en el rescate a Plus Ultra, aprobado por el Gobierno el pasado 9 de marzo y que consiste en 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI.
Días antes, el 14 de julio, el organismo que agrupa las participaciones industriales del Estado, por un principio de prudencia vinculado a la investigación judicial, había puesto en conocimiento de la Justicia su intención de abonar el préstamo participativo, cuyo segundo pago estaba previsto para el 28 de ese mes.
Sin embargo, la magistrada acordó su suspensión y dio cinco días de plazo a la aerolínea para acreditar la necesidad de recibir los 34 millones aún pendientes de cobro.
FISCALÍA Y ABOGACÍA DEL ESTADO, A FAVOR DE DESBLOQUEAR EL DINERO
Dentro del plazo habilitado por la ley, la Fiscalía de Madrid instó al juzgado a desbloquear la recepción del dinero al no apreciar delito y para evitar una situación de falta de liquidez a clientes y acreedores.
El Ministerio Público advertía en su informe de que "no está acreditado en modo alguno, la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna".
La fiscal se remitía a los análisis incorporados a la causa y alertaba de que, sin apoyo estatal, Plus Ultra "no podría atender sus obligaciones operativas y retornar a la actividad, teniendo graves dificultades para seguir en funcionamiento".
De hecho, añadía, el cese de la actividad de la aerolínea "generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y afectaría de forma indirecta al empleo de 2.700 trabajadores", lo que redundaría en un impacto de "365 millones de euros en términos de facturación".
En líneas similares, la Abogacía del Estado, que también alegó la ausencia de indicios, defendió que suspender la obligación del pago de los 34 millones "no tiene encaje legal pues al no haber ningún perjuicio económico causado no hay responsabilidad que embargar o afianzar".
ARCHIVO DE LA DENUNCIA EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS
La Abogacía descartaba además la "situación de peligro para el patrimonio público" que, según las acusaciones, generaría el rescate, explicación rechazada por la Intervención General de la Administración del Estado.
Tal relato ya fue refrendado por el Tribunal de Cuentas a finales de este mismo julio, cuando archivó la denuncia presentada por Ciudadanos al entender que no había habido menoscabo para el erario público pues los fondos se otorgaron mediante un préstamo que no supone un quebranto patrimonial.
Para el Tribunal, sólo en el momento en que se incumpliera al vencimiento alguna obligación de devolución "podría producirse un daño real y efectivo al erario público".
NO HAY "NI EL MÁS MÍNIMO INDICIO", SEGÚN EL JUEZ
Ahora el magistrado se pronuncia en términos parecidos, y rechaza los alegatos de las acusaciones populares que ejercen Vox y PP, las cuales -dice- se han limitado "a transcribir artículos del Código Penal y su jurisprudencia, sin engarzarlo con los hechos denunciados".
Tanto es así que reconoce que, por el momento, "no hay el más mínimo indicio" de los hechos denunciados, ni de tráfico de influencias, pues no hay evidencias de que se beneficiara a Plus Ultra por razones de amistad, parentesco o jerarquía, ni de cohecho.
El juez concluye que, a falta del peritaje, avanzar que Plus Ultra no podrá devolver los 34 millones es "un riesgo hipotético", y reitera que mantener bloqueada esa cantidad supondría "la quiebra definitiva" de la compañía, con el perjuicio para los pasajeros.
Aunque la medida cautelar ha quedado revocada, la causa continúa abierta, y las partes podrían recurrir el auto del magistrado ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de la COVID-19 ha puesto en una situación difícil.