Madrid, 17 oct (.).- La Audiencia Provincial de Madrid retomará desde este miércoles el juicio al empresario del acero José María Aristrain, para el que la Fiscalía pide 64 años de prisión y una multa de 1.190 millones de euros por un supuesto fraude fiscal de 211 millones de euros entre 2005 y 2009.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la vista, que fue aplazada hace dos años, durará siete sesiones, y tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de octubre, y 5, 12, 19 y 26 de noviembre, cuando está previsto que quede visto para sentencia.
La sección segunda será la encargada de juzgar este caso, iniciado en 2011, en el que Aristrain hace frente además al desembolso de la cuantía que habría sido defraudada, a modo de responsabilidad civil por la presunta comisión de, al menos, quince delitos de elusión tributaria.
A tenor del escrito de la Fiscalía de Madrid, conocido hace casi cinco años, el empresario creó en Holanda en 1998 la sociedad Corporación JMAC para acogerse "artificiosamente" y de forma "abusiva" al "muy beneficioso" tratamiento fiscal de empresas tenedoras de participaciones que rige en aquel país.
El Ministerio Público considera que la estrategia habría sido repetida en otros países como Luxemburgo, y que el beneficio obtenido fue, en parte, o bien reintroducido en España o desviado a paraísos fiscales tales como las Islas Vírgenes y Malta.
Mediante esta estructura societaria, Aristrain habría eludido sus obligaciones fiscales entre 2005 y 2008 tanto por los dividendos de Arcelor S.A, ArcelorMittal S.A y Arcelor Mittal (MC:MTS) Steel, como por la plusvalía obtenida en el último de los ejercicios por la venta de títulos de la acerera.
La Fiscalía fija en 100 millones de euros la cuantía que habría dejado de pagar sólo en 2008 en concepto de impuesto de sociedades.
Además, prosigue, en 2005 Aristrain "simuló" el traslado de su domicilio fiscal a Suiza, lo que originó a la Hacienda Pública un perjuicio superior a los siete millones de euros en IRPF, y de alrededor de 2,7 millones sobre el patrimonio.
Fue entonces cuando, a través de una sociedad domiciliada en Malta, comenzó a "desviar fondos para correr con los gastos de adquisición y mantenimiento del chalet en Suiza en el que trapaceramente fingía tener su domicilio, del yate de recreo y de los coches de lujo que integraban su colección automovilística".
SE CELEBRARÁ DOS AÑOS DESPUÉS
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid dio por inauguradas las sesiones el 2 de octubre de 2019, pero acordó suspender el juicio para estudiar nueva documentación y decidir si elevaba el caso a la Audiencia Nacional.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se mostraron a favor de la inhibición, que fue, sin embargo, rechazada por la Audiencia Nacional, que la calificó de "tardía".
El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, que el pasado diciembre se opuso a la petición de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que declaró órgano competente para enjuiciar los hechos.