Madrid, 25 jun (.).- El Gobierno ha fijado este martes en 10,36 , para "evitar déficits posteriores", la tarifa que las empresas gestoras de las centrales nucleares en explotación deberán abonar a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) por los servicios que presta en sus infraestructuras.
La 'tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario', calculada a partir del valor del Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y la previsión de costes futuros, se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).
El objetivo de la actualización aprobada hoy es que se "equilibren" los ingresos y los costes soportados por esta prestación.
Según un comunicado del Miteco, la actualización de la tarifa se ha adoptado en aplicación del principio “quien contamina paga”, con el objetivo de actualizar la prestación que permitirá cubrir los costes del desmantelamiento de las centrales nucleares, una vez que se produzca su cese definitivo de actividad.
Además, atenderá la gestión de los residuos nucleares y del combustible nuclear gastado, incluyendo su depósito definitivo en un Almacén Geológico Profundo (AGP), según contempla el séptimo PGRR.
Según el Miteco, en todos los países con generación de energía nuclear la planificación de la gestión de los residuos radiactivos suponen "larguísismos plazos".
De acuerdo con el séptimo PGRR, las actividades para desmantelar las centrales y almacenar de forma segura y definitiva el combustible gastado y los residuos radiactivos que han producido durante su explotación y desmantelamiento deberán desarrollarse hasta el año 2100.
El Ministerio explica que existe "un importante desfase temporal" entre el periodo en el que las centrales nucleares abonan la prestación –mientras se encuentran en explotación– y el periodo, mucho más extenso, en el que se produce el gasto, de modo que la prestación debe tener el valor necesario para evitar déficits posteriormente.
En España, el Estado realiza los desmantelamientos y la gestión de los residuos radiactivos como un servicio público esencial a través de la empresa pública Enresa, que es también la encargada de la gestión del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, al que se destina la prestación.
En países con energía nuclear, los titulares de las centrales deben dotar las correspondientes provisiones para hacerse cargo de todos los costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos radiactivos, que son costes operativos ordinarios de las centrales, según el Miteco.